Los jueces centraron su atención en la cláusula que permite a la policía verificar el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y que sea objeto de una “sospecha razonable” de que es indocumentada.
El abogado del gobierno, Donald Virilli, argumentó que solo el Gobierno Federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, reconoció que “existe la posibilidad” de que se den encarcelamientos masivos, pero argumentó que Arizona “tiene el derecho”, y ella como gobernadora también, de “comprobar la identidad de los ciudadanos del Estado”.
La mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona, de que la SB1070 solo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja a su criterio las deportaciones.
El abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que Arizona tiene derecho a asumir tareas migratorias.
Verilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no solo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones bilaterales con México, país con el que el Gobierno estadounidense busca estrechar la cooperación.
“¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?”, preguntó entonces el magistrado Scalia a Verilli.
Activistas protestan contra polémica ley
Miles de activistas a lo largo de la frontera que separa a EE. UU. de México y también en las escalinatas del edificio del tribunal en Washington, realizaron vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley. Un número menor de partidarios de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo.
La SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas. El Periódicocr
