Aarón Chinchilla EP. | A pesar que distintas bancadas legislativas y el Presidente de la República, Carlos Alvarado, le pidieron la dimisión de cargo, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos anunció que no renunciará a la curul, ya que “está con la conciencia tranquila y no se ha comprobado que cometió un delito.
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Ramos, quién llego al plenario legislativo a las 15:50, pidió la palabra y ante sus compañeros manifestó que, en aras de la transparencia, estaría renunciando a su inmunidad parlamentaria para “demostrar su inocencia en los Tribunales como cualquier otro ciudadano”.
No obstante, manifestó que no dimitiría a la curul legislativa, ya que “no se ha encontrado ningún delito en su contra”.
En el hipotético caso de que hubiera una condena, que estoy seguro que no habrá porque soy inocente y lo demostraré, no tengan la menor duda de que renunciaría inmediatamente a la curul.
De acuerdo a Ramos, en 2017 firmó un documento que citaba que, en caso que se encontrara un delito en su contra, renunciaría a su cargo como diputado, pero el informe de la Procuradoría de la Ética Pública (PEP) habla de “posibilidades” y no señala concretamente que haya cometido una infracción. Por ende, no consideraría la dimisión de cargo.
Finalmente Ramos señaló que “seguirá defendiendo mi inocencia como diputado y, también, a millones de costarricenses con los proyectos de ley que ha presentado”
La carta que firmé durante la campaña menciona textualmente “mi compromiso de acatar y seguir las conclusiones y recomendaciones que señale esa Procuraduría [de la Ética Pública]”, las cuales estoy cumpliendo al renunciar a mi inmunidad para demostrar mi inocencia ante el Ministerio Público tras recibir una denuncia de dicha Procuraduría que habla de la “POSIBILIDAD [no condena] de que el denunciado haya incurrido en hechos configurativos del delito tráfico de influencias”.
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Mediante un comunicado de prensa, la PEP señaló que la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa les remitió el “Informe Final de los casos de SINOCEM y COOPELESCA sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado”, tramitado bajo el Expediente Legislativo No. 20.461 y conocido popularmente como caso “Cementazo”, para valorar si el diputado Welmer Ramos González, incurrió en una violación al deber de probidad.
Adicionalmente, la PEP interpuso una denuncia penal contra Ramos, en razón de la posibilidad de que haya incurrido en tráfico de influencias en el caso antes mencionado, el cual estaría siendo tipificado bajo el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Del mismo modo, se instó al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, las cuales, podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público.
