George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos anunció, este miércoles, una nueva medida que deja sin efectos normas referidas principalmente a la protección de menores migrantes indocumentados.
La nueva reglamentación, programada para entrar en vigencia dentro de dos meses, dará fin al Acuerdo Judicial Flores (Flores Settlement Agreement, FSA), que estaba vigente desde 1997, indicaron, en un comunicado, los departamentos de Seguridad Interna (Homeland Security, DHS) y de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS).
Ambos departamentos afirmaron que el propósito consiste en dar mejor trato a los menores migrantes y sus familias, mientras son mantenidos en detención.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que, la nueva disposición anula la prohibición –establecida en el FSA- de mantener detenidos, por más de veinte días, a núcleos familiares, lo que permitirá a las autoridades migratorias estadounidenses mantenerlos indefinidamente en reclusión.
“La reglamentación permitirá la terminación del FSA, y permitirá al DHS y al HHS responder a significativos cambios estatutarios y operativos que han ocurrido desde que el FSA está en vigencia, lo que incluye dramáticos aumentos en los números de niños no acompañados y unidades familiares que cruza hacia Estados Unidos”, señalaron.
El texto aludió así a la masiva movilización de migrantes indocumentados, principalmente originarios del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-, hacia Estados Unidos, a través de territorio mexicano.
Se trata de miles de personas –incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- quienes cubren el trayecto de aproximadamente cuatro mil kilómetros, hacia territorio estadounidense, huyendo de la violencia delictiva, la pobreza extrema, y la falta de oportunidades que enfrentan en sus países de origen.
“Grandes números de familias extranjeras están entrando ilegalmente por la frontera sur, deseando ser liberados en el interior en lugar de detenidos durante sus procedimientos de remoción”, plantearon el DHS y el HHS, al justificar la nueva medida, para agregar que “promulgar esta reglamentación y procurar la terminación del FSA son pasos importantes hacia un sistema de inmigración que humano”.
Citados en el comunicado de ocho párrafos, el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, y el secretario del HHS, Alex Azar, esgrimieron el bienestar de los menores indocumentados como el centro de la medida.
“Hoy, el gobierno ha emitido una reglamentación crítica que permitirá, al Departamento de Seguridad Interna, adecuadamente mantener familias juntas y mejorar la integridad del sistema de inmigración”, afirmó McAleenan, y agregó que “esta reglamentación permite, al gobierno federal, aplicar las leyes inmigratorias tal como las aprobó el Congreso, y asegura que todos los niños en custodia del gobierno estadounidense sean tratados con dignidad, respeto, y especial preocupación por su particular vulnerabilidad”.
También citado en el texto, Azar alabó el trato que reciben los menores indocumentados, el que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos lo mismo que por legisladores estadounidenses, quienes han visitado los centros de detención donde los niños son precariamente recluidos lejos de sus respectivas familias.
“El Departamento de Salud y Servicios Humanos, a través de nuestra Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement), proporciona cuidado de calidad y compasivo a los niños extranjeros no acompañados quienes son referidos a nuestra custodia”, aseveró el titular del HHS.
También afirmó que algunos aspectos del FSA son implementados en la nueva disposición.
“En esta reglamentación, estamos implementando partes relevantes y sustanciales del Acuerdo Judicial Flores respecto a estándares para el cuidado, la ubicación temporales, y la puesta en libertad de esos menores. Al igual que antes, el HHS seguirá protegiendo la seguridad y la dignidad de los niños extranjeros no acompañados, en nuestra custodia, mientras procuramos ubicarlos con un padre, un familiar, u otro protector adecuado”, agregó.
Por su parte, la no gubernamental Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) calificó la medida anunciada como un nuevo y cruel ataque del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump.
“Este es otro cruel ataque contra los niños, a quienes la administración Trump ha apuntado, una y otra vez, con sus políticas antinmigrantes”, denunció la ACLU, en un comunicado, y agregó que “el gobierno no debería encarcelar niños, y, ciertamente, no debería tratar de encarcelar, a más niños, durante más tiempo”.
El anuncio del DHS y el HHS fue formulado cinco días después de que una corte de apelaciones de Estados Unidos mantuvo, el 15 de agosto, la decisión de un tribunal menor en cuanto a asegurar condiciones adecuadas para los menores migrantes indocumentados quienes se encuentran recluidos en centros de detención.
El panel judicial de tres integrantes –una jueza y dos jueces-, de la occidental ciudad de San Francisco, rechazó la apelación del DHS respecto al fallo emitido, en 2017, por tribunal de distrito, que estableció condiciones adecuadas para los menores.
El fallo de la jueza Dolly Gee, de la occidental ciudad de Los Ángeles, apelado por el DHS, determinó que las precarias condiciones en que los niños permanecen detenidos son violatorias del FSA, según la cual los menores inmigrantes indocumentados deben mantenerse en “instalaciones que son seguras e higiénicas”.
Gee señaló que el acuerdo es violado, ya que los niños deben dormir sobre piso de concreto, cubiertos con frazadas de aluminio en lugares de baja temperatura, iluminación interrumpida, además de que no se les proporciona elementos tales como jabón y cepillos dentales, ni tienen acceso a duchas.
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