Cruickshank: “Proyecto sobre Japdeva es nefasto; causará desempleo en Limón”

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Foto Facebook Eduardo Cruickshank Diputado

 

Aarón Chinchilla EP. | Uno de los diputados más críticos con la aprobación del expediente N° 21.426 “Ley de transformación de Japdeva y protección de sus personas servidoras”, fue el restauracionista Eduardo Cruickshank, quien afirmó que dicho proyecto es “nefasto”, puesto que “causará desempleo y mayor convulsión en la provincia de Limón”.

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Cruickshank, quien votó en contra del proyecto al igual que su compañero de bancada y provincia Giovanni Gómez, afirmó que la aprobación del proyecto como algo “nefasto”  porque autoriza despidos masivos de trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y eso aumentará los índices de desempleo y pobreza en Limón.

“El Gobierno debió ser más creativo y buscar otras alternativas, y no simplemente el camino fácil que es decirle a 900 trabajadores que se vayan para sus casas a ver qué hacen”, dijo el diputado Cruickshank.

En la misma línea,  el congresista afirmó el Poder Ejecutivo debería asumir la responsabilidad que implica el cese de labores de los empleados de Japdeva, “en lugar de trasladarla a los diputados”.

“Cuando hay que tomar una decisión contra alguna institución de Limón, sobran fuerzas y vitalidad para hacerlo, pero yo quiero ver esa misma fuerza en los diputados cuando vengan proyectos a esta Asamblea Legislativa para cerrar algunas de esas 303 instituciones que tiene el país”.

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Adicionalmente, Cruickshank fue crítico con sus compañeros, debido a que se negaron a reconsiderar una moción que procuraba evitar la obligatoriedad de despidos masivos en Japdeva.

“El proyecto establece tres aspectos: la prejubilación, los traslados horizontales y los bonos de incentivos para los que se acojan a la movilidad laboral, con lo que estamos de acuerdo, pero nos oponemos al segundo transitorio que autoriza a los jerarcas de la institución despedir a un grupo de trabajadores que en un mes no se adhieran a alguna de esas modalidades (…) el despido masivo no representa una verdadera modernización de Japdeva”.

Con 38 votos a favor y 12 en contra, aprobaron el proyecto impulsado por el Ejecutivo que, entre varios puntos, contempla que se trasladen los superávit de las instituciones del Sector Público no Financiero a la Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

El monto total transferido a JAPDEVA no podrá superar los diez mil millones de colones y será devuelto por la junta a las Instituciones según las condiciones financieras establecidas por el Ministerio de Hacienda para sus recursos financieros.

Sin embargo, la “inyección” de fondos vendrá acompañada de procesos de traslados horizontales de funcionarios a otras entidades del Estado.

Asimismo, se contempla la prejubilaciones, el cual será aplicado a quienes se hayan acogido al cese de la relación (artículo 4 del proyecto de ley, sin incentivo adicional). Dicha prejubilación irá con cargo al Presupuesto Nacional y para obtener este beneficio, las personas deberán tener 55 años de edad o más, contar con un mínimo de 25 años cotizados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o cualquier otro régimen de pensiones autorizado en el país, además de haber liquidado responsabilidades patronal esy no haberse reinsertado laboralmente.

El monto de la prejubilación será el equivalente a un 63% del salario promedio calculado con los 12 mejores salarios mensuales de los últimos cinco años laborados en la Administración Pública. Cuando la persona cumpla los requisitos para entrar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pasará al mismo con pleno derecho.

Asimismo, se detalla el auxilio de cesantía por años laborados de forma continua: 8 mensualidades del salario de los últimos 6 meses trabajadores que ganen mensualmente, menos de un millón de colones; En caso que un trabajador gane más de un millón, se brindará un incentivo adicional de cuatro mensualidades del salario

De acuerdo a la institución, Japdeva obtiene ¢800 millones, sin embargo, para mantenerse en operaciones debe alcanzar ¢2.500 millones.

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