Aarón Chinchilla EP. | La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás instó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, a que le solicite, de forma inmediata, la renuncia al diputado Welmer Ramos.
Mediante redes sociales, la verdiblanca señaló que, el informe entregado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) señala “faltas graves al deber de probidad” que, eventualmente, habría cometido Ramos, trayendo al traste, posibles delitos como tráfico de influencias en el caso “cementazo”.
Dicha situación, señala Nicolás, es suficiente para que Alvarado le solicite la renuncia al congresista.
Yo espero que el Presidente de la República, en aras de honrar el ya tristemente famoso “Código de Ética del PAC”, tome cartas en el asunto, ponga orden en su fracción oficial legislativa y le solicite a Don Welmer Ramos la renuncia a su curul para no entorpecer ni alargar más el trámite del proceso judicial del Cementazo.
Por otra parte, la congresista señaló que es necesaria una ley de Pérdida de Credenciales de Diputado y Diputada, en caso de delitos en la función pública, deber de probidad.
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Lo detallado por Nicolás se suma a la petición que hizo la bancada del PLN, mediante su jefa de fracción, Silvia Hernández, la cual señaló que una eventual salida de Ramos sería “insuficiente”.
La fracción del Partido Liberación Nacional considera que son hechos sumamente graves, sumamente delicados, estamos hablando de un funcionario o de un actor que en su momento ejerció como funcionario público al inicio de estas investigaciones como ministro de Estado, ministro de Economía y que actualmente ostenta el cargo de diputado de la República”, indicó Hernández.
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Mediante un comunicado de prensa, la PEP señaló que la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa les remitió el “Informe Final de los casos de SINOCEM y COOPELESCA sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado”, tramitado bajo el Expediente Legislativo No. 20.461 y conocido popularmente como caso “Cementazo”, para valorar si el diputado Welmer Ramos González, incurrió en una violación al deber de probidad.
Adicionalmente, la PEP interpuso una denuncia penal contra Ramos, en razón de la posibilidad de que haya incurrido en tráfico de influencias en el caso antes mencionado, el cual estaría siendo tipificado bajo el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Del mismo modo, se instó al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, las cuales, podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público
