George Rodríguez EP. La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela anunció, este jueves, la decisión de inhabilitar, por quince años, al autoproclamado presidente interino venezolano, diputado opositor Juan Guaidó, para el ejercicio de cargos públicos.
Al formular el anuncio, en una transmisión de la emisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), el titular de la CGR, Elvis Amoroso, dio lectura a la resolución de la entidad, texto en el cual se indica que la ley de la CGR prevé pena máxima de quince años de inhabilitación para los funcionarios públicos quienes cometan actos irregulares.
Sobre esa base, la contraloría “resuelve (…) inhabilitar, por el ejercicio de cualquier cargo público, al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la Cédula de Identidad número 16726086, por el período máximo establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción”.
El contralor indicó que la decisión se apoyó en la sospecha de que Guaidó recibió dinero de fuentes internacionales, habiendo omitido la declaración fiscal, además de que no aclaró la manera en que financió los más de noventa viajes que, desde que asumió el cargo de diputado, en 2015, realizó al exterior.
“Se presume que recibió dinero de instancias internacionales”, dijo amoroso, sin identificar esas instancias, y, a continuación, advirtió que, al parecer “falseó datos en su declaración” fiscal, por lo que “el diputado violó las leyes de la República”.
Respecto a los desplazamientos fuera de Venezuela, indicó que implicaron un gasto global de 310 millones de bolívares (alrededor de 94,000 dólares), y señaló que el opositor no ha aclarado la manera en que cubrió esos gastos.
“Guaidó ha permanecido, fuera de Venezuela, 248 días, desde que ganó un escaño como diputado”, habiendo llevado a cabo “más de 90 viajes al exterior, con un coste superior a los 310 millones de bolívares, y no ha aclarado cómo pudo costear estos viajes, muchos realizados en aeronaves privadas”, reveló el contralor.
Al respecto, señaló que durante esos desplazamientos, Guaidó se hospedó en hoteles de alto costo.
“Es un hecho notorio y comunicacional que se ha alojado en cómodos hoteles del mundo, sin justificación de los ingresos sobre los cuales ha sufragado sus exuberantes estadías, que no corresponden con los honorarios de un diputado de la República”, denunció.
De acuerdo con lo planteado por el jerarca de la CGR, Guaidó usurpó, además, funciones.
“Ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela y al patrimonio nacional”, aseguró.
Por su parte, Guaidó –presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral)- reaccionó, negando la condición de Amoroso como contralor, así como la existencia de la inhabilitación.
El opositor cuestionó el ejercicio de la titularidad de la CGR, por Amoroso, debido a que el funcionario fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El organismo legislativo es la púnica institución venezolana que no es controlada por el Poder Ejecutivo, lo que mantiene, a la AN y a la ANC, en situación de fuerte confrontación.
Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la AN es, desde 2016, dominada por mayoría opositora, razón por la cual es desconocida por el régimen de Maduro, el cual, para neutralizar el peso opositor legislativo, instaló, mediante decreto presidencial, en 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional y con facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.
“No es contralor, no lo es”, dijo Guaidó, “ni existe una inhabilitación”, agregó, para precisar que “el parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”.
El anuncio fue formulado un día después de que Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, se reunió, en la Casa Blanca, con el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente Donald Trump y Mike Pence, así como con otras autoridades del gobierno estadounidense.
La severa crisis humanitaria, política, y de seguridad que hace años afecta a Venezuela, situación que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, quienes se han desplazado a países sudamericanos tales como Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor medida, otros países del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, así como la generalizada falta de oportunidades.
