La ministra de Planificación, Carla Morales, presentó ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa los alcances del proyecto Ciudad Gobierno, una obra de infraestructura que concentraría múltiples dependencias públicas para reducir el gasto histórico del Estado en arrendamientos privados.
El diseño del complejo comprende la edificación de 153.000 metros cuadrados en las actuales instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Las nuevas estructuras albergarían a 10.700 funcionarios de 35 instituciones diferentes. El Poder Ejecutivo ejecutaría las obras mediante un contrato de arrendamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), estructurado a un plazo inicial de 30 años.
Durante la comparecencia, los diputados interpelaron a las autoridades sobre el cálculo económico de la propuesta y exigieron aclarar si la proyección de ahorro de $26 millones contempla la deducción de la cuota del préstamo internacional. Las autoridades de Mideplan reconocieron la necesidad de ajustar las estimaciones financieras definitivas para separar la fase de inversión de la etapa de mantenimiento operativo.
El análisis legislativo expuso la inercia del gasto inmobiliario gubernamental acumulado durante las últimas décadas. Los registros de la Contraloría General de la República documentaron que los pagos por alquileres superaron los ₡104.000 millones anuales en 2020. Los expedientes reportarían contratos previos donde el Estado habría cancelado hasta seis veces el valor real de un edificio mediante compromisos fijados en dólares.
La ejecución del diseño arquitectónico demanda la integración de un terreno adyacente perteneciente al Liceo de Costa Rica, utilizado actualmente como parqueo. El Ministerio de Educación Pública coordinaría un plan de compensación con la junta administrativa de la casa de enseñanza para inyectar recursos directos en la mejora de las instalaciones educativas vigentes.
