El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno estudia un plan para conceder libertad anticipada y condicional a cerca de la mitad de las personas encarceladas por colaborar con las pandillas, en un eventual cambio de criterio dentro de la política de seguridad que ha marcado su administración desde 2022.
La iniciativa estaría dirigida a detenidos cuya participación en las estructuras criminales habría sido limitada, según la explicación del mandatario, quien planteó la necesidad de distinguir entre quienes cometieron delitos graves y quienes colaboraron con las maras en circunstancias de violencia y control territorial.
Bukele hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en San Salvador, en la que confirmó que las autoridades están revisando casos para determinar quiénes podrían optar por una salida anticipada de prisión.
“Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada”, declaró el presidente, según reportó la agencia EFE.
El mandatario aclaró que la propuesta no supondría absolver a los beneficiarios ni declarar que son inocentes. Por el contrario, sostuvo que continuarían siendo considerados culpables, pero podrían cumplir el resto de sus penas en libertad condicional y bajo mecanismos de monitoreo.
“Es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, explicó.
Por ahora, no existe un anuncio de excarcelaciones inmediatas. Bukele no precisó una fecha para comenzar a aplicar el mecanismo, el número definitivo de personas que podrían beneficiarse ni los requisitos específicos que deberán cumplir los posibles beneficiarios. El porcentaje mencionado corresponde a una estimación del presidente sobre el alcance que podría tener el plan.
El mandatario justificó la iniciativa con el argumento de que no todas las personas que colaboraron con las pandillas tuvieron el mismo grado de responsabilidad ni participaron en actividades delictivas de igual gravedad.
“Estas personas vivían bajo ese yugo”, manifestó el mandatario, al defender que no es lo mismo integrar los grupos que imponían ese dominio que colaborar con ellos en un entorno marcado por la violencia.
La propuesta no implica el fin del régimen de excepción
El posible programa de liberaciones se plantea mientras continúa vigente el régimen de excepción que el Gobierno de Bukele puso en marcha en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
La medida ha permitido realizar detenciones masivas y suspender temporalmente determinadas garantías constitucionales, entre ellas algunas relacionadas con los derechos de defensa y las condiciones de detención.
De acuerdo con cifras divulgadas por las autoridades salvadoreñas y recogidas por EFE, al menos 93.162 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción. El Gobierno las acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con esas estructuras. Esa cifra no equivale necesariamente al número de personas que podrían beneficiarse de la propuesta, pues el anuncio presidencial se refiere específicamente a quienes colaboraron con las organizaciones criminales.
Bukele ha defendido la permanencia del régimen al sostener que todavía existen integrantes de pandillas que deben ser capturados. Durante la conferencia, comparó la estrategia de seguridad con un tratamiento de quimioterapia: afirmó que ha permitido reducir la violencia, pero consideró que suspenderlo prematuramente podría facilitar la recuperación de las estructuras criminales.
Organizaciones han denunciado abusos durante detenciones
La propuesta se conoce en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la aplicación prolongada del régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso durante la ofensiva contra las pandillas. También han advertido que algunas personas habrían sido detenidas sin pruebas suficientes de pertenencia a organizaciones criminales.
Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2026 que las autoridades salvadoreñas habían detenido a más de 90.000 personas bajo el régimen de excepción y documentó denuncias de abusos, entre ellos desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo custodia. La organización también cuestionó la falta de rendición de cuentas por esos hechos.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió en julio de 2026 que el costo humano del régimen podría constituir crímenes de lesa humanidad. Su informe recogió denuncias de detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves vulneraciones de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado preocupación por la prolongación del régimen y ha pedido a las autoridades salvadoreñas poner fin al uso continuado de esta medida excepcional.
Estas denuncias no significan que todas las personas detenidas sean inocentes ni que todas las capturas carezcan de fundamento. Sí muestran que la revisión de los casos y la definición de posibles liberaciones ocurren en un contexto en el que organizaciones internacionales han reclamado mayores garantías judiciales y mecanismos de rendición de cuentas.
