Mediante la publicación de un nuevo reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, firmaron el decreto 45962-MSP para reformar el marco normativo sobre confidencialidad en materia de seguridad nacional y control del crimen organizado. La norma modifica los artículos 2 y 3 del decreto 45870-MSP, emitido el pasado 10 de agosto, el cual mantenía bajo reserva estricta el accionar de los cuerpos de inteligencia y policiales.
La norma original, publicada hace dos meses, declaraba bajo absoluto Secreto de Estado la totalidad de documentos, presupuestos, partidas, planes operativos y contratos de compras públicas vinculados con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo denominado Fuerza Élite, integrado por las jerarquías de Seguridad, Justicia, Comunicación y los mandos policiales del Ejecutivo.
Con la publicación del ajuste, el Gobierno dio marcha atrás en el blindaje de las finanzas y excluyó explícitamente de la calificación de “secreto” los procedimientos ordinarios de contratación pública, la ejecución presupuestaria general y la fiscalización financiera de estos órganos.
La reforma elimina la aplicación automática del Secreto de Estado que operaba por el simple hecho de que un expediente abordara temas de la DIS, el Consejo o la Fuerza Élite. El texto vigente exige que cada reserva se aplique bajo criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, obligando al Ejecutivo a fundamentar ante la persona solicitante la existencia de un riesgo cierto, inminente y directo para la vida de las personas o para el combate de la criminalidad organizada.
Asimismo, el ajuste flexibilizó la cláusula de confidencialidad impuesta a los participantes de estos órganos. Mientras el decreto de agosto imponía guardar reserva sobre la totalidad de lo discutido sin excepción alguna, la redacción modificada aclara que dicha obligación aplicará únicamente cuando se determine que la divulgación de los datos entorpece las investigaciones o pone en riesgo vidas, en lugar de responder a un asunto de interés público.
