Allan Madriz| EP. La Procuraduría General de la República considera que el proyecto enviado por el Ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT) sobre plataformas tecnológicas de transporte, podría tener dos roces constitucionales.
Así lo indicó este martes en la Comisión de Asuntos Económicos, de la Asamblea Legislativa, el Procurador General de la República, Julio Jurado Fernández, quien señaló dos puntos que podrían ser inconstitucionales.
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Jurado Fernández indicó que la carga de un 3% a las empresas sobre el monto que cobren por cada uno de los servicios que presten (artículo 15 del proyecto), con la intención de crear un Fondo Nacional de Movilidad.
“Porque podría ser un monto que roce con la proporcionalidad y la razonabilidad, por el monto, el 3% es un monto muy alto que se le está imponiendo a estas empresas y luego porque el monto de este fondo en algunos casos es vago y en otros es cuestionable”, indicó Jurado.
El 80% de este fondo permitirá destinar recursos por ocho años a los taxistas para que cambien su flotilla vehicular, con una subvención.
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La otra norma que Jurado señaló que podría ser excesiva es lo estipulado en el artículo 10 de la propuesta del gobierno, relacionada con los derechos de inscripción de las empresas que brindarán el servicio de transporte por medio de la plataforma tecnológica.
Esto representa que una compañía solo por inscribirse deberá pagar alrededor de 45 millones de colones y las renovaciones rondarían los 22 millones de colones.
“Además en el transitorio octavo hay una norma específica que dice que esos derechos de inscripción serán para aquellas empresas que que estén operando antes de la entrada en vigencia, es decir, se entiende, operando de cualquier marco regulatorio, tendrán que pagar 18.600 salarios bases, lo que implica que deberán pagar 8.000 millones de colones para inscribirse”, explicó el Procurador.
De igual manera, la Procuraduría manifestó dudas por la constitucionalidad del Fondo Nacional de Viabilidad del proyecto porque violentaría el principio de Caja Única del Estado.
El expediente 21.228, Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, busca regular el servicio de empresas como el que brinda Uber en la actualidad.
