Aarón Chinchilla EP. | El Poder Ejecutivo convocó el proyecto “Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte”, que busca una regulación para que los taxistas y plataformas como Uber coexistan de manera simultánea, en condiciones justas de competencia.
El proyecto, presentado ante el congreso en la fecha límite y que será tramitado bajo el expediente 21.228, propone la reglamentación de plataformas tecnológicas, además del impuesto de valor agregado (IVA) del 13% y tributo sobre las remesas al exterior que es del 8,5%, entre otros puntos.
El ministro de obras públicas y transportes, Rodolfo Méndez Mata, manifestó que el proyecto de regulación es “balanceado” y un marco normativo para regular la operación de las empresas de plataforma de transporte, además de modernizar el servicio de taxi.
“Consciente de que la modalidad de transporte público como el de los taxis son fuente de empleo y de ingresos para miles de familias, el proyecto plantea una solución integral ante el reto que representan las nuevas tecnologías”
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, quién se encuentra en Suiza, señaló que “es un tema que como país hemos pospuesto por muchos años y llegó el momento de tomar decisiones al respecto”.
“Nuestro compromiso es avanzar en un sistema donde taxis y plataformas tecnológicas de transporte coexistan en condiciones de competencia justa”.
A partir de la entrega del documento, la iniciativa quedó convocada para sesiones extraordinarias en el Congreso.
Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y según datos de la empresa, existen 22.000 conductores afiliados y 783.000 clientes.
Principales puntos del Proyecto de Ley
- Todas las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como Uber o similares, son declaradas como un servicio público mas no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep.
- Deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) para poder operar legalmente.
- Deberán emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de las personas usuarias, evitar el acoso sexual y la discriminación, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).
- La prestación de servicio de transporte mediante EPT, así como las rentas o beneficios provenientes de tal actividad, son sujetos al impuesto al valor agregado (13%) y al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
- En el caso de las EPT que han operado de previo a la vigencia de esta ley el pago por su registro será de dieciocho mil seiscientos salarios base (¢8.299 millones), según el salario base establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial.
- Se crea el Fondo Nacional de Movilidad administrado por el CTP. Se financiará de tres fuentes según el proyecto: del pago de derecho de inscripción en el Registro del CTP que tienen que hacer las empresas de transporte de plataformas; un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de EPT, y las sanciones administrativas a las EPT.
- El CTP utilizará el fondo para la modernización del transporte público. Durante los primeros 8 años, contados a partir de su entrada en funcionamiento y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio público de transporte de personas en beneficio del usuario, se utilizará para la modernización de la flota de taxis.
- En el caso de los taxis ARESEP establecerá una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, quedando autorizados los conductores a transar un precio menor con el usuario. Éste deberá ser indicado si hay acuerdo entre el conductor y el usuario, antes de iniciar el servicio.
- Autoriza a la ARESEP para implementar una aplicación tecnológica que sustituya el taxímetro tradicional por uno virtual que facilite la competencia en procura de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
- Elimina de la Junta Directiva del CTP la representación de los autobuseros y de los taxistas.
