George Rodríguez EP. El gobierno de Uruguay debe avisar a su contraparte de Perú si el ex presidente peruano Alan García abandona la embajada uruguaya, donde ha solicitado asilo político, planteó el mandatario peruano, Martín Vizcarra.
García se encuentra desde el 17 de noviembre en la residencia del embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, alegando que la investigación, por un caso de corrupción, de que es objeto, constituye persecución política.
Interrogado por periodistas respecto a si el gobierno uruguayo debe avisar al peruano si García deja la instalación diplomática, Vizcarra respondió que “Yo creo que sí, en instancias que ya están involucrados los dos gobiernos, cualquier movimiento. Yo estoy seguro que Uruguay lo va hacer”.
Respecto a versiones según las cuales el ex presidente estaría realizando consultas con otros gobiernos en el caso de que Uruguay rechace su solicitud de asilo, Vizcarra dijo que su administración no cuenta con información oficial alguna.
“Igual que ustedes, tenemos trascendidos de que se ha buscado otras alternativas en embajadas, antes de haber decidido Uruguay y después también”, dijo.
El mandatario peruano informó, asimismo, que luego de la conversación telefónica del 18 de noviembre con su colega uruguayo, Tabaré Vásquez, no ha habido comunicación entre ambos gobernantes.
Vizcarra informó que, durante ese diálogo, aseguró, a Vásquez, que en Perú no solamente no existe persecución política sino que rige la independencia entre los poderes del Estado, y reafirmó que la decisión respecto a la solicitud de asilo presentada por García corresponde al gobierno uruguayo.
Al respecto, el ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, declaró, un día antes, que la decisión del gobierno uruguayo determinará la visión que tiene de la democracia peruana, ya que, en el caso de otorgue el asilo, avalaría la denuncia de García de es un perseguido político.
En Perú rige el Estado de Derecho, subrayó Zeballos.
En un comunicado de dos párrafos que emitió el 18 de noviembre –al día siguiente del ingreso de García a la instalación diplomática en Lima, la capital peruana-, la cancillería uruguaya informó sobre la solicitud de asilo e indicó que informó a su contraparte peruana al respecto, de acuerdo con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, vigente desde 1954.
Según la convención, el gobierno uruguayo no tiene plazo alguno para decidir sobre el pedido del ex presidente peruano.
García es investigado en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, acusada, en diversos países, de haber sobornado a altos funcionarios gubernamentales –incluidos varios presidentes- a cambio de la concesión de obra pública.
En el caso de García, el ex mandatario (1985-1990, 2006-2011) es acusado de haber favorecido a Odebrecht en la licitación para la construcción de la línea de transporte subterráneo capitalino Metro 1 de Lima.
El ex presidente, quien reside en España, llegó el 15 de noviembre a Perú, para declarar judicialmente respecto al caso, tras lo cual fue informado por el fiscal José Pérez, encargados de ese proceso, también se lo investiga por los delitos de colusión y lavado de activos, de acuerdo con versiones periodísticas originadas en esa nación sudamericana.
Asimismo, fue informado de que los cargos en su contra incluyen el pago de 100,000 dólares, por una conferencia que ofreció en Brasil, dinero originado en un fondo de Odebrecht para el financiamiento de sobornos en diferentes países, de acuerdo con las mismas fuentes.
Durante la audiencia judicial, García fue también informado de un juez anticorrupción le aplicó impedimento de salida, de Perú, por 18 meses, medida que responde al hecho de que, mientras era investigado por enriquecimiento ilícito, en 1992, García salió del país para exiliarse en Colombia y luego radicarse en Francia.
El ex mandatario regresó a Perú en 2001, cuando fue declarada la prescripción de ese delito.
