ELCONFIDENCIAL. – El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió a quienes pretendan hacer negocios en Nicaragua que “deben actuar con extrema precaución al invertir” en el país. En un informe sobre el clima de inversión 2026, piden actuar con “extrema cautela” ante un escenario en el que, advierten, no pueden confiar en la existencia de un Estado de derecho ni en reglas previsibles para sus empresas
En especial, cuando las autoridades nicaragüenses continúan deteniendo injustamente a presos políticos, cerrando oenegés, forzando a sus ciudadanos al exilio y confiscando injustamente la propiedad privada, mientras desobedece y desmantela el Estado de derecho. “Este reporte es una mala noticia para la economía de Nicaragua, que se resentiría aún más, ante una caída potencial de las inversiones extranjeras directas”, sentenció el economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro.
Basa su análisis en que “el reporte deja en evidencia -bien documentada- todas las arbitrariedades en contra de los inversionistas, para que los americanos puedan tomar acciones”. Especifica que podrían acelerar el calendario de aranceles especiales dentro del marco de la investigación de la Sección 301; pero también incrementar esos aranceles.
“Se podrían poner sanciones especiales a instituciones del Estado, por la adopción de reglas anticompetitivas en las compras y contrataciones que beneficien a proveedores chinos, en vez de tratarlos a todos por igual”, señaló.
Riesgos y sanciones
El documento continúa diciendo que las acciones del régimen “crean un clima de inversión plagado de riesgos políticos y reputacionales”. Recuerda también que “casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de conceder nuevos préstamos a Nicaragua”, y que el país “depende cada vez más de la opaca financiación china para construir infraestructuras”, y cómo se da preferencia a empresas chinas en los procesos de licitaciones públicas.
“A pesar de los indicadores macroeconómicos generalmente positivos, ni la inversión extranjera directa ni la participación en la fuerza laboral se han recuperado tras los disturbios civiles en Nicaragua en 2018 y la sangrienta represión gubernamental que siguió”, añade el texto.
También menciona que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) “determinó en octubre de 2025 que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de derechos laborales, violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho eran irrazonables, y cargaban o restringían el comercio estadounidense”. En consecuencia, al país se le impusieron aranceles adicionales en 2025 e inició una segunda investigación nombrando a Nicaragua en 2026.
El reino de la corrupción
El texto contiene extensos análisis sobre apertura y restricciones a la inversión extranjera; tratados de inversión vigentes, y leyes sobre tributación, además del colapsado régimen legal del país. Adicionalmente, detalla las políticas industriales, la protección de los derechos de propiedad, la situación del sector financiero, el funcionamiento de las empresas estatales, el entorno político y de seguridad, así como las políticas y prácticas laborales.
También contiene una sección entera sobre la corrupción. En ella recuerda que Nicaragua ocupó el segundo lugar más bajo de América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional y está entre los países con menor clasificación a nivel mundial. “Nicaragua tiene un marco legal que criminaliza la corrupción, pero no se espera que dicho marco se haga cumplir”, advirtió.
Entre otros, menciona cuatro factores que, a juicio de la institución “crean condiciones para una corrupción desenfrenada”. El primero es un estado general de permisividad, a lo que suma una falta de instituciones sólidas. También un sistema ineficaz de controles y equilibrios, así como el control total del régimen Murillo-Ortega sobre las instituciones gubernamentales.
“El sistema judicial sigue siendo especialmente susceptible a sobornos, manipulación e influencia política. Las empresas informaron que la corrupción es un obstáculo para la inversión, especialmente en contratación pública, licencias, costumbres, y fiscalidad”, detalla.
Adicionalmente, se recuerda que el 21 de febrero de 2025, “la dictadura publicó una reforma a la ley de contratación pública y contratación administrativa de Nicaragua, reduciendo aún más el número de contrataciones que estarían sujetas a procedimientos de licitación abierta. La ley actualizada también excluye específicamente los contratos aprobados por la presidencia que, según la constitución, requieren la aprobación de la Asamblea Nacional”.
Entre ellos, enlista los proyectos de defensa y seguridad nacional, además de las compras directas a proveedores extranjeros expresamente aprobadas por la presidencia. También los contratos extranjeros por instituciones que prestan servicios externos, los contratos de empresas estatales, y “proyectos especiales y estratégicos, incluyendo el aspiracional canal interoceánico de Nicaragua”.
Todo en beneficio de China
El informe explica que, en la práctica, esa lista “abarca todas las posibles grandes contrataciones públicas por las que las empresas estadounidenses probablemente pujarían en Nicaragua”. Recuerda que el 15 de noviembre de 2024, la dictadura ordenó a las instituciones públicas que adquieran bienes o servicios de tecnología de la información y la comunicación, priorizar las adquisiciones de proveedores en China.
Producto de ese estado de cosas, “múltiples funcionarios gubernamentales y entidades controladas por el Gobierno han sido sancionados por corrupción”, detalla el informe.
El economista Chamorro señaló que el reporte 2026 ahonda en lo que el régimen Ortega-Murillo ha hecho en este último año. Destaca el aumento del acoso fiscal, la importancia en Nicaragua, de tener conexiones personales para hacer negocios y obtener favores del régimen. También por los mayores poderes otorgados a la Procuraduría, particularmente en materia de confiscaciones.
Otros elementos son el trato especial otorgado a empresas vinculadas a China, al flexibilizar las reglas de compras y adquisiciones para favorecerlas en detrimento de los demás inversionistas, sean estos extranjeros o locales. En materia de confiscaciones, se menciona la transferencia de más de 110 propiedades al INSS, que pertenecían a los desterrados.
El especialista destacó el endurecimiento de ese informe con respecto al de 2025. “Cambia de un lenguaje formal del año pasado, a aseveraciones directas de cómo el régimen ha movido negativamente el riesgo país. Del autoritarismo que ya existía el año pasado, al control explícito del régimen en materia económica y comercial”, opinó.
