George Rodríguez EP. Los derechos constitucionales se encuentran suspendidos de hecho en Nicaragua, a causa de la persecución gubernamental antiopositora, denunciaron organizaciones del sector privado nacional.
Es necesario que los presos políticos sean puestos en libertad, aseguraron, asimismo, en un comunicado conjunto el Consejo Superior de la empresa Privada (Cosep), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
“Denunciamos que los derechos constitucionales de los nicaragüense se encuentran de hecho suspendidos cuando constatamos que en forma cotidiana personas, organismos de la sociedad civil, medio de comunicación, periodistas independientes, siguen siendo capturados, acosados, asediados y perseguido de forma ilegal”, plantearon.
La persecución –enmarcada en la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua- no solamente ha dividido a la sociedad nicaragüense sino que impide que se logre la paz, señalaron las tres organizaciones.
“Seguimos insistiendo que las graves violaciones a los derechos humanos, los procesos y juicios políticos contra cientos de hermanos nicaragüenses que ahora se encuentran privados de su libertad y alejados de sus familias, que deben ser puestos en libertad, así como el exilio forzado de miles de nicaragüenses, han provocado una división profunda en nuestra sociedad lo cual no abona a un clima de reconciliación y paz permanente y verdadero”, expresaron.
Las tres entidades advirtieron, asimismo, que acciones como el retiro de la personería jurídica a una organización no gubernamental especializada en salud la deportación de su directora, una experta en ese campo además de activista de derechos humanos, agudiza la inseguridad jurídica y dificulta la recuperación de la deteriorada economía nicaragüense.
Se trata del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y de su directora, Ana Quirós.
La activista, una costarricense naturalizada nicaragüense, fue detenida y despojada de su nacionalidad adoptiva, la mañana del 26 de noviembre, y deportada a la limítrofe Costa Rica.
Tres días después, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional –el parlamento unicameral nicaragüense- retiró, a Cisas, la personería jurídica con la que contaba desde marzo de 1990, y confiscó los bienes de la organización.
Estallada el 18 de abril, la crisis nicaragüense presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 545 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, en general, actuando conjuntamente.
Quirós fue seriamente herida, en la cabeza, durante la represión policial contra una de las primeras manifestaciones opositoras, en el sector de Camino de Oriente, en el sur de Managua, la capital nicaragüense.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
