George Rodríguez EP. Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron la tarde de este lunes una operación de allanamiento en el edificio donde se ubica el apartamento de la ex presidenta argentina y actual senadora opositora, Cristina Fernández, según versiones periodísticas locales.
Se trató de allanamientos, en dos apartamentos, respectivamente ubicados en el primero y cuarto pisos del edificio en cuyo quinto nivel está la vivienda de la ex mandataria, según las mismas fuentes.
Puesto en conocimiento de la presencia policial, Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, se hizo inmediatamente presente, e inicialmente advirtió que si se trababa de un cateo en el apartamento de la senadora, la operación implicaba un delito –ya que la legisladora cuenta con fuero parlamentario-, y la denunciaría.
“Si están allanado algo de Cristina, ya no es ilegal sino delictivo”, aseguró Dalbón.
El jurista aseguró que, de todos modos, la presencia policial en el edificio constituía un espectáculo mediático, para distraer la atención de la cuestionada gestión económica del gobierno presidido por el derechista Mauricio Macri.
“Si vinieron a inspeccionar el edificio, es parte del circo para ocultar que el país se va al carajo, una patraña ilegal”, señaló.
La acción policial ocurrió por la tarde, horas después de que Fernández presentó, en la sede de los Tribunales Federales, en Buenos Aires, la capital nacional, un escrito en el marco del proceso judicial que el juez Claudio Bonadío sigue contra la expresidenta, por supuesta asociación ilícita.
La ex presidenta calificó la acción de Bonadío como “persecución judicial”, la que, según manifestó, está en marcha desde que Macri asumió la presidencia, en 2015, sucediéndola en el cargo.
El caso se refiere a una investigación periodística, llevada a cabo por el influyente diario argentino La Nación, respecto a la existencia de una presunta red de sobornos que habría operado durante el “kirchnerismo” –el período de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de Fernández, y de la ex mandataria (2007-2011, 2011-2015).
La investigación del periódico matutino de circulación nacional se enfocó en el supuesto pago de millones de dólares, en efectivo, por parte de empresarios, a jerarcas de ambas administraciones, a cambio de contratos de obra pública.
El proceso judicial es conducido por Bonadío, quien, según versiones periodísticas locales, ha planteado a allegados que su objetivo consiste en encarcelar a Fernández, mientras la ex presidenta ha señalado que se trata de persecución política.
El caso, conocido como de “los cuadernos de la corrupción”, se apoya sobre las anotaciones que un chofer gubernamental realizó en ocho cuadernos, durante el período 2005-2015, detallando los desplazamientos que realizó con ex jefes suyos para trasladar sacos llenos de dinero movilizado así para los denunciados pagos de “coimas” (sobornos).
Luego de su detención, el chofer, Oscar Centeno, expresó arrepentimiento por haber participado en esas acciones, por lo que se convirtió, de acusado, en colaborador de la justicia.
En el marco de la investigación judicial, además de Centeno, se ha detenido a una veintena de personas, tanto ex jerarcas gubernamentales kirchneristas como empresario y familiares de Macri.
Sin embargo, Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete en el gobierno de la ex mandataria, denunció recientemente que los detenidos quienes son allegados al actual gobierno fueron puestos en libertad, no así los ex funcionarios kirchneristas.
El ex jefe de Gabinete aludió específicamente, a manera de ejemplo, al empresario Mario Calcaterra, primo de Macri, uno de los involucrados en el caso, quien afirmó que funcionarios de los dos gobiernos anteriores le solicitaron dinero.
“Alguien me puede explicar cómo es que el primo Calcaterra siendo miembro de la asociación ilícita está libre y todos los demás (siguen) presos?”, preguntó.
