Aarón Chinchilla EP. | La Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON) ha denunciado que químicos y herbicídas, incluso prohibídos en el país, y utilizados en fincas piñeras han contaminado fuentes de agua y los acueductos de Pital de San Carlos y Río Cuarto, Zona Norte.
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Según las organizaciones ecologistas, en dichos acueductos se ha encontrado químicos como miclobutanil, oxamil, butóxido de piperonilo y triadimefón, además del Bromacíl, el cual está prohibído en el país desde 2017.
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En la ASADA de Santa Isabel de Pital clausuró una de sus fuentes de agua por sospecha de contaminación debido a un reporte del Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos y Alcantarillados por presencia de bromacil. Por otra parte, la la ASADA de la Tabla y el Pinar de Rio Cuarto ha reportado afectación y cierre de fuentes de agua a acusa de contaminación por agroquímicos relacionados a la piña. Con la ASADA de Veracruz de Pital (intervenida en 2017 por AyA), se contabilizan cuatro acueductos comunitarios afectados en los últimos meses debido al descontrol de la actividad piñera.
Dicha situación ha sido constante, ya que en distintas zonas del país se ha reportado contaminación por los químicos utilizados en el monocultivo. En el Caribe, Vecinos de Matina denunciaron muerte de peces por contaminación de Finca Piñera. En este caso, se determinó contaminación con bromacil y otros 22 agroquímicos en las fuentes de agua comunitarias, mientras que en la Zona Norte, los Vecinos de Upala denunciaron la misma situación.
A pesar de las constantes denuncias de bloques ecologistas y de las prohibiciones que ha impuesto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre el uso indebido de plaguicidas, muchas fincas piñeras siguen contaminando el Medio Ambiente en el país.
Las principales quejas de los sectores ecologistas señalan el uso inadecuado de plaguicidas que ha generado problemas en los cultivos y en la salud en los trabajadores de las fincas piñeras, además de la contaminación de fuentes de agua potable y suelos. Por otra parte se señala el incumplimiento de las leyes ambientales y laborales del país además de la siembra de piña transgénica.
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Los grupos ecologistas esperan que el Gobierno emita una Ley moratoria que regule la expansión del monocultivo de la piña, el control de otorgamiento de permisos municipales y las sanciones para los grupos que contaminen el ambiente.
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