La Defensoría de los Habitantes emitió una advertencia formal al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) por el riesgo de un posible conflicto de interés que podría comprometer la objetividad del estudio actuarial para la implementación de los Fondos Generacionales.
La preocupación surge luego de que el CONASSIF acordara encomendar el estudio al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pese a que su presidente ha expresado cuestionamientos previos sobre la metodología aprobada y los efectos de la reforma. La Defensoría documentó que el presidente del Banco Central, también miembro del CONASSIF, emitió criterios que anticipan una valoración negativa del proyecto.
Riesgo para la independencia técnica del estudio
Según la Defensoría, esta situación pone en riesgo la neutralidad del análisis, ya que el presidente del BCCR es el superior jerárquico de la unidad técnica encargada de ejecutar el estudio. Esto podría generar presiones directas o indirectas que afecten la objetividad del trabajo.
La institución sostiene que existe un adelanto de criterio y un conflicto de interés manifiesto, lo cual compromete la independencia del análisis técnico que debe realizar el Banco Central.
Medidas cautelares solicitadas
Para resguardar la probidad del proceso, la Defensoría solicitó dos acciones inmediatas:
Abstención formal del presidente del Banco Central:
Se insta a que el señor Róger Madrigal López se inhiba de toda participación en la supervisión, revisión o aprobación del estudio actuarial, así como de las deliberaciones y votaciones relacionadas con esta materia.
Blindaje técnico y confidencialidad del equipo investigador:
Se pide establecer un protocolo estricto de independencia técnica para el equipo a cargo del estudio, que incluya una cláusula de confidencialidad para impedir la divulgación de borradores o avances a autoridades superiores del Banco. El informe final debe ser remitido únicamente a SUPEN y al CONASSIF.
Exigen transparencia y confianza pública
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, subrayó que las decisiones sobre los fondos generacionales deben basarse en análisis rigurosos y libres de presiones jerárquicas. Recordó que la independencia técnica es fundamental para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
La Defensoría solicitó a las autoridades informar, dentro del plazo legal, las acciones que se adopten para implementar estas medidas. El objetivo es asegurar la transparencia, la solvencia técnica y la legitimidad del proceso, en un tema que impacta la seguridad financiera de miles de personas trabajadoras.
