Un informe forense contable reveló que la denuncia por el caso Barrenador uno de los procesos más polémicos en torno a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se fundamentó en un informe técnicamente erróneo elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la institución.
El documento, al que ahora tienen acceso los diputados de la Comisión especial legislativa que investiga eventuales irregularidades en la Caja, señala omisiones, cálculos incorrectos y errores aritméticos básicos en el informe original que sirvió de base a la Fiscalía para formular su denuncia.
Según el análisis forense, el estudio oficial omitió considerar los ahorros económicos que representaban las cotizaciones presentadas por las cooperativas de salud, entre ellas COOPESALUD R.L., dentro de la licitación pública 2023-LY-000002-0001101142. Los peritos destacan que los errores se presentan incluso en operaciones simples como sumas y restas, lo que habría distorsionado los resultados del estudio inicial.
“Las diferencias de precios evidencian un ahorro global que alcanzaría los ¢18 mil millones en los diez años de vigencia del contrato”, señala el documento, que cuestiona la metodología empleada por los funcionarios de Contabilidad de Costos.
El informe subraya que, en lugar de aplicar los criterios establecidos por la Contraloría General de la República, que obligan a comparar los precios de forma global en los procesos de contratación pública, los funcionarios insistieron en un análisis línea por línea, buscando aparentes sobreprecios que no se sostienen con los números reales.
A pesar de las inconsistencias detectadas, el Ministerio Público no ha ordenado hasta ahora un análisis forense contable independiente, lo que según fuentes legislativas impide verificar objetivamente las cifras que sustentan la acusación.
Ante la nueva evidencia, el diputado oficialista Daniel Vargas aseguró que “el tema del barrenador se ha caído por su propio peso” y que difícilmente prosperará en el ámbito judicial.
Mientras tanto, la Comisión legislativa continúa su investigación paralela, advirtiendo que los datos contenidos en el informe forense podrían desmontar la tesis de la Fiscalía, que busca establecer una supuesta relación delictiva basada en cálculos que, según el nuevo estudio, carecen de sustento técnico y financiero.
