George Rodríguez EP. Asociaciones defensoras de derechos humanos y parlamentarios opositores protestaron este lunes, frente a la sede de los Tribunales de Justicia, contra la excarcelación, aprobada dos semanas atrás por la Corte Suprema, de siete represores de la dictadura militar (1973-1990) encabezada por el general Augusto Pinochet.
La actividad siguió a similares movilizaciones llevadas a cabo –en esos casos, sin participación de legisladores- también para repudiar la decisión favorable a los siete violadores de los derechos humanos, a quienes se había condenado por crímenes de lesa humanidad.
Los siete militares beneficiados, a quienes se otorgó libertad condicional, cumplían diferentes condenas por crímenes llevados a cabo, durante el período dictatorial, entre otros lugares, en los centros de detención de Colina 1 y Punta Teuco, al norte de Santiago, la capital chilena.
Las manifestaciones de repudio continuarán el tiempo que sea necesario, en procura de que no impere la impunidad, indicaron participantes en la protesta.
“Vamos a seguir toda esta semana y los días que haya que seguir para que no haya impunidad y para que haya verdad, justicia y reparación”, aseguró Tucapel Jiménez, diputado por el socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), cuyo padre fue un sindicalista asesinado por agentes de la dictadura.
En materia de reparación, el concepto es de principios, además de monetario, subrayó el legislador, en declaraciones a la agencia española de noticias Efe.
“No solamente tiene que ver con dinero, como la gente cree, sino que tiene que ver con una condena justa, de acuerdo al daño causado”, planteó.
En el caso de los represores excarcelados, a ese daño se suma el hecho de que los agentes de la dictadura no colaboraron con la justicia ni evidenciaron arrepentimiento por las atrocidades que cometieron.
Por ello, las protestas procuran, entre otros objetivos, “criticar la libertad que se otorgó a los condenados (…) que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no cumplieron los más mínimos requisitos de arrepentimiento y colaboración con la justicia”, precisó Jiménez.
En materia de crímenes, los beneficiados con el fallo del 2 de agosto fueron cinco -Felipe González Astorga, Gamaliel Soto Segura, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, Manuel Pérez Santillán-, condenados por los delitos de homicidio, secuestro, tortura, entre otras atrocidades.
También fueron excarcelados entonces Moisés Retamal Bustos, condenado por la desaparición de tres ciudadanos de Uruguay, ocurrida en 1973, así como Emilio de la Mahotiere, cómplice y encubridor de crímenes de lesa humanidad.
Pero, seis días después, la Corte Suprema revocó la libertad de De la Mahotiere, a iniciativa de la Comisión de Libertad Condicional, debido a que ese agente represor también fue acusado de complicidad en el lanzamiento, al mar, de personas amarradas, con vida, a rieles de ferrocarril.
Respecto a la responsabilidad de los jueces involucrados en las excarcelaciones, Roberto Ávila, abogado con especialidad en derechos humanos, advirtió que los magistrados emitieron un fallo ilegal, ya que ninguno de los siete militares beneficiados se mostró arrepentido ni con posibilidades de rehabilitación, requisitos esenciales para haberles aplicado la medida.
La excarcelación del grupo –al cual Ávila describió como “siete genocidas”- constituye el inicio del gradual establecimiento de impunidad masiva para criminales de la dictadura militar, advirtió el jurista.
“No nos olvidemos que existe, en el Código Penal, la figura de la prevaricación, es decir, cuando los jueces o autoridades administrativas dictan resoluciones manifiestamente ilegales y a sabiendas de esto. Aquí hay un proceso destinado a establecer la impunidad”, explicó.
Ávila planteó la necesidad de actuar legalmente contra los jueces quienes incurran en tal conducta.
“Yo no sé si las organizaciones de derechos humanos iniciarán acciones legales, o simplemente declarativas, en contra de quienes han permitido esto, y, si nadie lo hace, en algún momento, algunos lo haremos”, advirtió.
En cuanto a la actitud de los militares acusados, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, condenó, particularmente, el hecho de que los excarcelados en realidad se jactan de las atrocidades que cometieron.
“No tienen ninguna empatía con las víctimas que hicieron desaparecer, ejecutar o torturar. No han tenido, nunca, un grado de arrepentimiento, ni siquiera un grado de humanidad, cuando saben que seguimos luchando por la verdad y la justicia, cuando saben que miles de personas siguen buscando a sus familiares, por lo menos los restos, para poder sepultarlos”, expresó Lira.
De acuerdo con datos oficiales, durante los 17 años que se mantuvo en el poder, tras el cruento golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973, la dictadura militar de Chile generó por lo menos 3.200 víctimas fatales y aproximadamente 1,192 desaparecidos, además de alrededor de 33,000 presos políticos quienes fueron, invariablemente, torturados.
