Redacción. – El Concejo Municipal de San José aprobó la apertura de un procedimiento disciplinario contra el alcalde Diego Miranda por su presunta intervención en un contrato de 16 vehículos eléctricos valorado en más de $830.000.
l caso, que de primera entrada se presenta como un ejercicio de control interno, ha ido derivando en un terreno mucho más complejo: acusaciones de acoso político, cuestionamientos de legalidad, contradicciones administrativas y la posibilidad de que este episodio marque un antes y un después en la relación de los concejos municipales con los alcaldes.
Todo comenzó con un contrato para la compra de 16 vehículos eléctricos destinados a fortalecer la flotilla municipal. El monto, superior a los $830.000, fue adjudicado a una empresa tras un proceso licitatorio que, según la Auditoría Interna del municipio, cumplió con los requisitos básicos establecidos en la Ley de Contratación Pública.
La polémica surgió cuando Miranda, ya investido como alcalde, solicitó que se declarara desierta la licitación a pesar de que el contrato ya estaba adjudicado. El argumento —según lo planteado— era que existían dudas sobre la conveniencia de la compra y la viabilidad financiera de la operación.
Sin embargo, para la Auditoría Interna no había tales dudas: la decisión del alcalde carecía de sustento legal, técnico y financiero.
En otras palabras, Miranda habría actuado sin el respaldo normativo necesario, poniendo en entredicho principios básicos de la administración pública como la continuidad, la transparencia y la correcta ejecución de recursos.
El caso llama la atención porque no se trata de un expediente nuevo para Miranda. Cuando ocupaba una curul en el Concejo Municipal, votó en contra del mismo contrato que más tarde intentó frenar desde la alcaldía. Esta aparente coherencia política se convierte en un problema jurídico cuando su decisión como alcalde impacta directamente en un procedimiento administrativo ya concluido.
Ese doble rol —primero como regidor opositor y luego como alcalde con potestades ejecutivas— abre un flanco crítico. ¿Se trataba de una postura consecuente o de un abuso de poder al utilizar su investidura para bloquear lo que ya había sido aprobado institucionalmente? La Auditoría no tuvo dudas: lo segundo.
El Concejo mueve sus fichas
Con el informe de Auditoría sobre la mesa, el Concejo Municipal no dudó en activar un procedimiento disciplinario contra Miranda. El 26 de agosto, la mayoría de regidores votó a favor de abrir la investigación, que pretende determinar si el alcalde incurrió en faltas graves a la normativa administrativa y de contratación pública.
El procedimiento incluye la posibilidad de sanciones que, aunque no necesariamente derivan en una destitución automática, sí podrían acarrear consecuencias serias en la gestión y credibilidad del alcalde.
El gesto político es claro: el Concejo decidió tomar distancia de Miranda, y en la práctica se está colocando como un contrapeso frente a la figura de un alcalde que cada vez acumula más cuestionamientos.
La defensa
Ante la andanada, Miranda recurrió a una estrategia defensiva . En declaraciones a la prensa, aseguró que el proceso se trata de un “juicio político” carente de fundamento, impulsado por regidores ligados al “arayismo” y a fuerzas opositoras que buscan minar su gestión desde el inicio.
El alcalde también reclamó no haber tenido acceso completo al expediente y cuestionó la confidencialidad con la que se maneja parte de la investigación. Según su versión, el Concejo y la Auditoría habrían configurado un procedimiento diseñado para condenarlo antes siquiera de que pueda defenderse adecuadamente.
Miranda insiste en que el Concejo carece de potestad sancionatoria directa sobre la alcaldía, lo cual, de ser cierto, abriría un vacío jurídico sobre la validez del procedimiento. Sin embargo, mientras los alegatos legales se discuten, la batalla política ya se está librando en la arena pública.
La Auditoría en el centro de la tormenta
En el caso de Miranda, la Auditoría se muestra tajante al señalar que el alcalde vulneró disposiciones legales y administrativas. Pero la pregunta de fondo es si el informe responde estrictamente a un análisis técnico o si, de algún modo, ha sido instrumentalizado por sectores interesados en debilitar la figura del alcalde.
El riesgo de que los órganos de control interno se conviertan en herramientas de pugnas políticas está latente. Y este caso lo exhibe con claridad.
