Redacción. – El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) informó la finalización de la campaña política y el llamado a las urnas para que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo domingo 25 de junio.
No obstante, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) aseguró que el proceso electoral 2023 está inmerso en irregularidades y en una creciente judicialización.
En el quinto informe emitido por la MOE-Gt se señaló que existe poca confianza desde la ciudadanía hacia la integridad del proceso y la narrativa de fraude promovida por los candidatos excluidos, y sugirió al Tribunal Electoral (TSE) aumentar las campañas de comunicación para incentivar el voto y para reducir el abstencionismo electoral.
PROCESO DE EMPADRONAMIENTO
La MOE-Gt indicó que previo a la convocatoria general de las elecciones, el órgano electoral fue criticado por aparentes debilidades en los procesos de empadronamiento, ya que alrededor de 2.8 millones de guatemaltecos quedaron fuera del padrón, y de estos, 9 de cada 10 son jóvenes de entre 18 y 25 años.
Respecto al tema de socialización y comunicación por parte del TSE, se estableció que fue deficiente en el caso de algunas reformas a los reglamentos electorales.
La MOE-Gt detalló que más de una decena de cambios normativos se publicaron 10 días antes de la convocatoria a elecciones generales o posterior a ese acto, lo cual provocó que el desempeño de los órganos electorales y partidarios no estuviera sujeto a normas claras y precisas.
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
La MOE-Gt afirmó que se aplicaron criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de más de una decena de candidaturas, asimismo hubo ausencia de un análisis legal y político que asegurara la idoneidad de los candidatos y el libre ejercicio del derecho de ser electo.
Ante eso, la Misión aseguró que se generó incertidumbre jurídica y baja credibilidad en el TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
De esa cuenta, la cobertura mediática sobre las autoridades fue primordialmente negativa y se centró en cuestionamientos sobre la independencia de estos y la transparencia del proceso electoral.
Según indicó, la judicialización no es un fenómeno electoral nuevo, ya que desde 2019 existe una tendencia hacia el uso de recursos judiciales para manipular la competencia electoral.
TRANSMISIÓN DE DATOS
Otros aspectos que señaló la MOE-Gt fue la ausencia de un director de informática en el TSE y el retraso en la adquisición del software para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), debido a señalamientos de opacidad.
Esto demandó esfuerzos “extraordinarios” del TSE para dotar de certeza el proceso, se aseguró en el informe.
En ese sentido, los temores e incertidumbre sobre el proveedor contratado, Datasys S. A, se redujeron luego de los simulacros nacionales que pusieron a prueba el sistema, la conectividad y el desempeño del personal.
