Procuraduría se trae abajo plan de Pilar Cisneros para cambiar sistema de pensiones

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Aarón Chinchilla. – La Procuraduría General de la República (PGR) se trajo abajo un proyecto de ley presentado por Pilar Cisneros para reformar los aportes y sistemas de pensiones.

La iniciativa de Cisneros lleva el número 23.733 y fue presentado el pasado Primero de Mayo.

Cabe señalar que dicha iniciativa fue la primera presentada por la diputada oficialista luego de ocupar un año la curul.

EL PROYECTO

La propuesta buscaba realizar un serie de ajustes en la cotización patronal para el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC) y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FPJ) con el fin de que los aportes sean “uniformes” y “graduales” a los que se realizan por parte del Régimen del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por otro lado, se sugieren reformas para que la Junta Administradora del FPJ ejecute cambios al perfil de requisitos,  beneficios,  financiamiento de las pensiones en curso, edad de pensión por vejez, aportes de la patronal y de los empleados.

TRABA

No obstante, el criterio PGR- OJ-064-2023 determinó que el proyecto de ley de Cisneros “presenta inconvenientes a nivel jurídico” y “algunos eventuales roces de constitucionalidad”.

Según la Procuraduría, la propuesta es “improcedente”, pues “desatiende el principio de reserva legal y además, infringe principios constitucionales al “entregar o delegar a un órgano administrativo la determinación de condiciones y modalidades del ejercicio del derecho fundamental a la jubilación”.

Además, “preocupa que en la propuesta legislativa consultada no se prevea disposición alguna que permita resguardar la situación jurídica de aquellas personas que ya hubiesen obtenido y consolidado esos derechos con anterioridad a la norma legal ahora propuesta”, pues dependiendo del alcance que se quiera dar respecto de todos ellos de los nuevos requisitos o condiciones ahora propuestas, “podría resultar violatorio del artículo 34 constitucional, en cuanto a la retroactividad en perjuicio que ello podría implicar”.

Otro punto es que el plan de Cisneros “no hace referencia a estudios financieros o actuariales que analicen el impacto financiero que podría tener la propuesta”, lo cual ignora la rigurosidad técnica que debe privar en estos temas.

“La propia Sala Constitucional ha insistido en que las decisiones que se adopten en materia de seguros sociales deben basarse en estudios técnicos objetivos que respalden su razonabilidad según sentencias”, cita el criterio.

“En el presente caso, es obligado; más cuando la exposición de motivos de esta iniciativa reconoce que, de aprobarse la propuesta, deberá darse una consolidación financiera de los regímenes afectados, para garantizar la sostenibilidad de los beneficios en curso de pago y las futuras, lo cual implicará necesarios ajustes significativos en los requisitos de calificación y primas sustitutivas o tasas de remplazo -montos de pensión por pagar en sustitución del salario- actualmente previstos (…) Reiteramos la importancia, así como la necesidad, de contar con los estudios técnicos y actuariales que respalden objetivamente las modificaciones propuestas (…)”, concluye el criterio.

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