Coopesalud, una de las cooperativas que brinda servicios de Ebais a la Caja, salió al paso de la información dada por la Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción en la calificó de falsa la prueba aportada donde se demostraba la manipulación de un estudio de precios para generar los costos más altos.
Mediante un comunicado de prensa la cooperativa señala que el documento impreso que fue entregado a las autoridades evidencia que se hizo en una computadora cuya licencia pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que está asignada al funcionario del Área de Contabilidad de Costos, identificado como Esteban Solís Morera.
“Lamentamos que el afán de probar una supuesta culpa lleve al Ministerio Público a cometer errores de este tipo, pues dichos actos plantean una afectación directa sobre las cooperativas de salud incluidas en el proceso, en cuenta la nuestra”, indica el comunicado.
Punto a punto Coopesalud desmenuza las afirmaciones del Ministerio Público:
Fiscalía:
1. Los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no emitieron ningún estudio de razonabilidad de precios, previo al que consta en Sicop, ni a nivel de borrador, ni tampoco en forma de papeles de trabajo. Por lo que no existe un estudio preliminar. Lo anterior, descarta la veracidad del documento aportado.
Desmentido:
Esta afirmación de la Fiscalía carece de veracidad. Se afirmó que el documento facilitado como prueba se hubiese redactado o elaborado el 19 de marzo, lo que se señaló fue que se circuló en correos electrónicos en esa fecha. La veracidad del documento no está supeditada a la fecha del 19 de marzo, sino su circulación. Lo que se ha acreditado según los metadatos incluidos en el documento electrónico es que dicho documento fue elaborado en la computadora de la Caja Costarricense del Seguro Social marca DELL modelo 5490 acreditada al señor Esteban Solís Morera, precisamente uno de autores del estudio de Razonabilidad de Costos cuya versión final fue la que presentó el propio señor Esteban Solís Morera y subió al SICOP.
Fiscalía:
Según el Sistema de Archivo y Correspondencia de la CCSS, el 19 de marzo del 2024, que es la fecha que consigna el documento secuestrado, no se emitió dicho documento y ninguno de los funcionarios que aparecen emitieron firma alguna de ese oficio. Este segundo elemento permite establecer de forma contundente que el documento secuestrado nunca fue firmado por los que elaboraron el estudio que consta en SICOP.
Desmentido:
En ningún momento la Fiscalía señala que los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos negaran la elaboración del documento aportado como prueba. Lo que niegan es la elaboración del documento el 19 de marzo. En ningún momento se ha manifestado que dicho documento fuese elaborado en esa fecha, lo que se dio a conocer es que en la fecha del 19 de marzo circuló. Si bien el documento no tiene firma digital, el documento digital que se corresponde a lo analizado por el Ministerio Público, sí contiene los metadatos que vinculan al señor Esteban Solís Morera como el titular de la licencia de la computadora propiedad de la Caja, desde la cual se emitió. Cabe resaltar que el señor Solís Morera es funcionario del Área de Contabilidad de Costos y es uno de los firmantes del documento final que posteriormente se subió al SICOP.
Fiscalía:
El documento secuestrado no corresponde al estudio de la licitación, ya que es únicamente referido al rubro mano de obra, de ahí que la cantidad de páginas no corresponde al estudio oficial subido a Sicop. El documento oficial presentado en sistema incluye, además, el análisis de insumos, gastos indirectos, alquileres y utilidad (correspondientes a las variables establecidas en el pliego de condiciones). Esto permite establecer que dicho documento no pudo ser confeccionado por el equipo que realizó el estudio, ya que el pliego de condiciones se refiere a todas las variables y no únicamente a mano de obra esto permite también descartar la veracidad del documento.
Desmentido:
De ninguna manera esta afirmación puede establecer la falsedad de la prueba, por cuanto nunca se señaló que correspondiera a un documento terminado, sino a un borrador que sí demuestra ahorros en la adjudicación de las cooperativas y que evidencia las diferencias y manipulación de las tablas finalmente enviadas al SICOP.
Fiscalía:
Finalmente, el documento ofrecido por la defensa técnica y secuestrado por el Ministerio Público, carece de firma digital, ya que lo que tiene es insertada una imagen que no corresponde a una firma de esa naturaleza. En ese sentido, dicho documento no cuenta con firma digital ni de otra forma, y no fue emitido por el Área de Contabilidad de Costos, ni por los funcionarios que él mismo indica lo confeccionaron, todo esto permite establecer que el documento no es veraz.
Desmentido:
Esta afirmación de la Fiscalía es falsa, por cuanto una revisión los metadatos del documento digital al cual se corresponde la prueba aportada, revelan que ese borrador fue elaborado desde una computadora cuya licencia corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, a nombre de Mario Esteban Solís, confeccionado desde una computadora de la Caja, marca DELL Latitude 5490.
Fiscalía:
Realizado este análisis, se ratifica que el Estudio de Razonabilidad de Precios emitido y firmado por el Área de Contabilidad de Costos es el que consta en el Sicop, es el único estudio que se ha emitido, que no ha existido estudio previo y que tampoco los funcionarios a cargo han realizado o firmado documento preliminar alguno y que este documento que difiere del oficial, al contener información falsa, es un documento falso.
Desmentido:
Este análisis es preocupante, puesto que evidencia la impericia de la FAPTA, al limitarse a investigar únicamente un papel impreso, sin siquiera revisar los metadatos del archivo digital que lo generó, y que fue elaborado desde la computadora cuya licencia corresponde a una máquina DELL Latitud 5490 a nombre del funcionario del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, Esteban Solís Morera, precisamente uno de los funcionarios entrevistados por la Fiscalía, para determinar su veracidad.
De esta manera Coopesalud solicita a las autoridades del Poder Judicial manejar de forma correcta la información y con ello un proceso justo, además para evitar tener que hacer aclaraciones públicas.
