Por Isaac Lerner. Sociólogo y ensayista.
Entre las páginas de la Biblia hay pastores que cuidaban rebaños, agricultores que trabajaban la tierra, pescadores que echaban sus redes y hombres que tuvieron que aprender antes de asumir una misión.
Hoy, sin embargo, proliferan quienes aseguran haber recibido un llamado celestial, pero parecen más interesados en construir una marca personal, administrar la bolsa y la admiración de sus seguidores, convertir la fe en una fuente de privilegios. A esa realidad se suma otra: la de quienes trasladan el lenguaje religioso a la política y pretenden convertir sus convicciones espirituales en una credencial de autoridad pública.
En el libro del Éxodo capítulo tres, verso uno, leemos: «Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios». Luego, en el verso diez, leemos lo siguiente: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel».
Moisés estaba trabajando cuando recibió su llamado. Tenía una responsabilidad concreta antes de asumir una misión que lo enfrentaría con el poder político de su época. La historia no presenta su vocación como una oportunidad para obtener privilegios personales, sino como una tarea que implicaba riesgos, sacrificios y una responsabilidad frente a un pueblo sometido.
Si viajamos un poco por las páginas de ese libro, nos encontraremos a otro personaje: Gedeón. En Jueces 6:11 se señala que el ángel del Señor se sentó debajo de una encina, mientras Gedeón sacudía trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba trabajando en medio de una situación adversa.
Y si viajamos un poco más, nos encontraremos con Eliseo, quien trabajaba con las yuntas de bueyes de su padre cuando recibió el llamado de Elías. Los discípulos de Jesús también tenían oficios y responsabilidades cuando fueron llamados por el Maestro. Pedro y Andrés eran pescadores; Jacobo y Juan también estaban vinculados con la pesca, mientras que Mateo trabajaba en la recaudación de tributos (¿Era parte de la nómina de Hacienda de ese tiempo? ¡Sabrá Dios).
Los ejemplos bíblicos son diversos, pero permiten plantear una pregunta: ¿por qué algunas personas consideran que basta con anunciar una vocación religiosa para reclamar autoridad, reconocimiento y privilegios, sin demostrar preparación, responsabilidad ni disposición para servir?
La crítica no es contra la fe. Es contra quienes convierten la fe en un instrumento de beneficio personal.
El carisma, el poder y la construcción del dirigente
El sociólogo alemán Max Weber estudió la autoridad carismática: Es la que se sostiene en el reconocimiento de cualidades extraordinarias que los seguidores atribuyen a una persona. En el ámbito religioso, ese reconocimiento puede surgir de la convicción de que alguien tiene una conexión especial con lo divino o ha recibido una misión particular.
El fenómeno no es necesariamente negativo. La confianza en un líder puede ayudar a organizar comunidades, promover la solidaridad y movilizar a las personas en favor de causas importantes. El problema aparece cuando el carisma se transforma en una herramienta para impedir el cuestionamiento o para tener poder “con aura divina”.
Cuando un pastor consigue convencer a sus seguidores de que cuestionarlo equivale a cuestionar a Dios, la relación deja de ser una simple relación de confianza. Se convierte en una estructura de poder en la que la autoridad personal puede quedar por encima de cualquier mecanismo de rendición de cuentas.
¿Quién revisa las cuentas? ¿Quién determina el destino de las donaciones? ¿Qué sucede cuando una persona denuncia un abuso? ¿Puede un miembro abandonar la organización sin recibir amenazas espirituales o ser señalado públicamente como enemigo de la fe? Estas preguntas no son ataques contra la religión. Son preguntas legítimas sobre la responsabilidad de cualquier persona que ejerce poder sobre otras.
¿El camello y el líder pasan por el ojo de una aguja?
Hay una imagen que resume muchas de las contradicciones del liderazgo religioso contemporáneo: el dirigente que habla constantemente de sacrificio, humildad y entrega, pero construye alrededor de su persona una vida pública de privilegios que la comunidad difícilmente podría alcanzar.
Trajes costosos, vehículos de lujo, viajes, escoltas, escenarios monumentales y una permanente exhibición de éxito pueden convertirse en parte de la imagen de ciertos predicadores. Ninguno de esos elementos demuestra, por sí solo, una conducta irregular. La cuestión es cómo se financian, qué relación guardan con los recursos de la organización y qué discurso se utiliza para justificarlos.
Si un dirigente pide sacrificios económicos a personas endeudadas mientras evita explicar sus propios gastos, existe una contradicción que merece examinarse. Si predica humildad, pero exige un trato de superioridad, hay una distancia entre el mensaje y la conducta. Si reclama obediencia absoluta, pero rechaza cualquier forma de rendición de cuentas, la autoridad se está utilizando de una manera que merece escrutinio.
En Marcos 10:42-45, Jesús contrasta el ejercicio del poder entre los gobernantes con el modelo que propone a sus discípulos: quien quiera ser grande debe hacerse servidor. El primer libro de Pedro (5:2-3) también exhorta a cuidar el rebaño sin actuar por ganancias deshonestas ni dominar a quienes están bajo la responsabilidad del dirigente.
La enseñanza es clara: dirigir no significa dominar. La autoridad religiosa debería expresarse mediante la responsabilidad y el servicio, no mediante la exigencia de privilegios.
Pero esta reflexión no puede detenerse en las puertas de los templos. Si el problema es utilizar el nombre de Dios para obtener poder, también debemos examinar lo que ocurre cuando ese lenguaje sale del púlpito y llega a la política.
Los cristianos en política: ¿servir al prójimo o utilizar a Dios para ganar poder?
La participación de personas cristianas en la política no es, por sí misma, un problema. Una persona puede tener convicciones religiosas profundas y decidir participar en la vida pública para defender sus ideas, promover políticas sociales, combatir la corrupción o contribuir al bienestar de su comunidad.
La fe puede motivar a alguien a luchar contra la pobreza, defender la dignidad humana, proteger a las personas vulnerables o reclamar un trato justo para quienes han sido históricamente excluidos. No hay razón para suponer que una persona debe abandonar sus convicciones religiosas al ingresar en la política.
Pero existe una diferencia fundamental entre participar en política desde una convicción cristiana y utilizar el cristianismo como instrumento para conquistar, conservar o blindar el poder.
El problema aparece cuando un candidato presenta su supuesta cercanía con Dios como una prueba de que merece gobernar, cuando insinúa que votar por él equivale a votar por los valores cristianos o cuando acusa a sus adversarios de combatir la fe simplemente porque cuestionan sus propuestas.
En ese momento, la discusión política corre el riesgo de abandonar el terreno de los argumentos y convertirse en una disputa entre quienes se presentan como representantes de Dios y quienes son señalados como enemigos de sus designios.
Una elección democrática no es un concurso para determinar quién tiene la relación más cercana con el cielo. Es un mecanismo para elegir representantes que deberán tomar decisiones públicas, administrar recursos colectivos y responder por sus actos ante la ciudadanía.
El voto no es una certificación de santidad. Y una victoria electoral tampoco demuestra que Dios haya aprobado cada decisión del gobernante.
La sociología política permite comprender por qué el lenguaje religioso puede tener tanta fuerza en las campañas electorales. Las creencias forman parte de la identidad de muchas personas, ofrecen marcos morales para interpretar los problemas y crean vínculos de pertenencia. Un dirigente que logra presentarse como defensor de esa identidad puede generar una adhesión que supera la evaluación de sus propuestas concretas.
El riesgo surge cuando la lealtad religiosa desplaza el análisis de la gestión pública.
¿Qué importa más: que un candidato se identifique como cristiano o que pueda explicar cómo utilizará los recursos públicos? ¿Que cite versículos bíblicos o que presente medidas viables para mejorar la educación, la salud, la seguridad y las condiciones de vida de la población? ¿Que prometa defender a la familia o que sus decisiones efectivamente contribuyan a proteger a las familias, incluidas aquellas que no comparten sus creencias?
No basta con invocar valores. Hay que traducirlos en decisiones, políticas y resultados que puedan ser examinados por la ciudadanía.
Un político puede citar la Biblia durante una campaña y actuar de manera contraria a los principios que proclama. También puede tener una fe sincera y cometer errores de gestión. La diferencia está en su disposición a responder por sus decisiones, reconocer sus equivocaciones y someterse a las reglas que rigen a todas las personas que ejercen funciones públicas.
La fe puede orientar la conciencia de un gobernante, pero no lo exime de rendir cuentas.
Cuando el adversario político se convierte en enemigo de Dios
Uno de los riesgos más serios de mezclar religión y política consiste en convertir las diferencias ideológicas en una supuesta lucha entre el bien divino y el mal absoluto.
Si un dirigente convence a sus seguidores de que él representa la voluntad de Dios, la crítica política puede ser presentada como una agresión contra la fe. Si afirma que sus adversarios son enemigos de los valores cristianos, cualquier desacuerdo corre el riesgo de convertirse en una prueba de deslealtad religiosa. Esta lógica empobrece la democracia.
En una sociedad plural, las personas pueden compartir principios como la justicia, la solidaridad y la defensa de la dignidad humana, pero discrepar sobre la manera de convertirlos en políticas públicas. Incluso entre cristianos existen diferencias sobre economía, educación, derechos, seguridad, distribución de la riqueza y el papel del Estado.
El filósofo Jürgen Habermas ha reflexionado sobre el lugar de las convicciones religiosas en las sociedades democráticas y sobre la necesidad de que las decisiones colectivas puedan justificarse mediante razones accesibles a la ciudadanía en su conjunto. Esto no exige que las personas religiosas abandonen sus creencias, sino que las decisiones públicas se sometan a deliberación y puedan discutirse sin exigir que toda la sociedad comparta una misma fe.
Un diputado cristiano puede defender una propuesta porque considera que responde a sus convicciones. Pero, al ejercer su cargo, debe explicar sus razones, escuchar objeciones y aceptar los límites constitucionales de su función. Un presidente puede profesar cualquier religión o ninguna. Su legitimidad democrática procede de las reglas constitucionales y electorales, no de una supuesta autorización sobrenatural que lo coloque por encima de la ley.
El Estado no es el púlpito de un partido
En Costa Rica, donde la Constitución Política establece en su artículo 75 que la religión católica es la del Estado y garantiza, al mismo tiempo, el libre ejercicio de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres, la relación entre religión y poder público tiene características históricas particulares.
Esa realidad no elimina la necesidad de discutir cómo debe ejercerse el poder en una sociedad plural, en la que conviven personas católicas, evangélicas, integrantes de otras tradiciones religiosas y ciudadanos que no profesan ninguna religión.
La participación política de personas creyentes es legítima. Lo que debe evitarse es que el Estado se convierta en una herramienta para imponer las preferencias particulares de un grupo religioso sobre toda la ciudadanía, o que el acceso a derechos y servicios públicos dependa de la adhesión a una determinada creencia.
Un gobernante tiene la obligación de servir a la población, no únicamente a quienes comparten su fe. Un diputado representa a la ciudadanía de acuerdo con las responsabilidades de su cargo, no solo a la congregación que lo respalda. Un funcionario público no puede sustituir la ley por una interpretación personal de las Escrituras.
La política democrática necesita argumentos, procedimientos, controles y respeto a los derechos fundamentales. Las convicciones religiosas pueden formar parte de las motivaciones de un representante, pero no lo eximen de respetar ese marco común.
Tampoco debería utilizarse la religión para descalificar automáticamente a quien propone políticas distintas. Las diferencias deben discutirse a partir de sus consecuencias, su legalidad y su coherencia con los principios democráticos.
La pregunta no es si un político es cristiano. La pregunta es cómo ejerce el poder, qué decisiones toma, a quién beneficia y si está dispuesto a responder por sus actos.
La coherencia cristiana también se demuestra en el ejercicio del poder
Si alguien afirma que su participación política nace de una vocación cristiana, es razonable examinar la relación entre sus declaraciones y sus decisiones.
Mateo 7:16 plantea que los árboles se reconocen por sus frutos. Santiago 2:17 sostiene que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y Miqueas 6:8 presenta como exigencias practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios.
Estos pasajes no permiten concluir que una determinada política pública sea automáticamente la única opción cristiana. Tampoco eliminan las diferencias legítimas de interpretación entre creyentes. Sí ofrecen preguntas pertinentes para evaluar la coherencia entre los valores proclamados y las prácticas de quienes aseguran defenderlos.
Si un político afirma defender la vida, ¿cómo aborda las necesidades de quienes viven en pobreza, de las personas enfermas y de las familias que requieren apoyo? Si proclama que la familia es fundamental, ¿qué medidas propone para proteger a las familias frente a la violencia, la precariedad económica y la falta de oportunidades? Si habla de justicia, ¿cómo responde ante la corrupción, los abusos de poder y la desigualdad en el acceso a los derechos?
No existe una respuesta única para todos los problemas públicos, pero sí existe una obligación de argumentar y asumir las consecuencias de las decisiones.
La coherencia no se demuestra mediante la cantidad de versículos que un candidato publica en sus redes sociales. Se demuestra en su conducta, en su respeto por las instituciones, en su disposición a escuchar y en la forma en que utiliza el poder que la ciudadanía le ha confiado.
Romanos 13:1-7, un pasaje que aborda la relación con las autoridades, ha recibido diversas interpretaciones dentro de la tradición cristiana. No debería utilizarse de manera simplista para exigir obediencia ilimitada a cualquier gobernante. La historia y la propia reflexión ética cristiana muestran la importancia de examinar la justicia de las acciones de quienes ejercen autoridad.
De la misma manera, ninguna persona debería utilizar su cargo público para exigir que los demás acepten sus decisiones como si fueran mandatos divinos.
El poder político es temporal, está sujeto a la ley y debe rendir cuentas. El cargo no convierte a quien lo ocupa en un ser moralmente superior.
El peligro de construir una clientela política con la fe
La relación entre algunas organizaciones religiosas y determinados actores políticos también merece una reflexión cuidadosa.
Las comunidades de fe pueden participar legítimamente en el debate público, expresar posiciones sobre asuntos sociales y promover iniciativas de interés colectivo. Sus integrantes tienen los mismos derechos políticos que cualquier otra persona.
El problema aparece cuando la relación deja de basarse en la deliberación y se convierte en una estructura de intercambio de lealtades.
Si un dirigente religioso utiliza su influencia para presentar a un candidato como el único representante legítimo de los cristianos, puede reducir la libertad de criterio de los miembros de su congregación. Si un candidato ofrece beneficios a cambio de respaldo religioso, o utiliza recursos públicos para favorecer intereses particulares, se abren interrogantes sobre la equidad, la transparencia y el respeto a las reglas democráticas.
No toda coincidencia entre una iglesia y un partido constituye una irregularidad. Tampoco toda recomendación política de un dirigente religioso implica manipulación. Para evaluar cada caso se necesitan hechos, contexto y evidencia.
Sin embargo, hay una línea que debe permanecer visible: la comunidad religiosa no debería convertirse en una maquinaria de obediencia política, ni el poder público en una fuente de privilegios para quienes garantizan apoyo electoral.
El voto pertenece a cada ciudadano. La conciencia de los creyentes no es propiedad de sus pastores, y la fe no debería utilizarse para sustituir la deliberación individual.
Una comunidad que enseña a sus integrantes a pensar, preguntar y actuar responsablemente fortalece su autonomía. Una comunidad que les exige votar de determinada manera bajo amenaza de condena espiritual corre el riesgo de convertir la religión en un instrumento de control.
La política necesita ciudadanos libres, no seguidores obligados a confundir lealtad partidaria con obediencia religiosa.
La religión no debería ser un salvoconducto moral
Hay una tentación recurrente en el debate público: pensar que una persona que se presenta como cristiana merece una presunción automática de honestidad.
Pero la identidad religiosa no sustituye la evaluación de la conducta.
Un político puede asistir a una iglesia, orar públicamente y citar las Escrituras, y aun así tener que responder por sus decisiones administrativas, sus declaraciones y el uso de los recursos públicos. Un dirigente religioso puede predicar sobre la honestidad y, al mismo tiempo, estar obligado a explicar cómo administra las donaciones. Un funcionario puede invocar sus convicciones para justificar una medida, pero sigue teniendo que demostrar que esa medida respeta la ley.
La religión no debe convertirse en un salvoconducto frente al escrutinio.
El sociólogo Émile Durkheim, en su estudio de la religión como fenómeno social, destacó la importancia de los vínculos colectivos y de los sistemas de valores que ayudan a organizar la vida de una comunidad. Desde esa perspectiva, la confianza no es un detalle secundario: contribuye a sostener las relaciones entre las personas.
Cuando una figura religiosa o política utiliza esa confianza de manera irresponsable, el daño puede extenderse más allá de su propia reputación. También puede perjudicar a quienes desarrollan una práctica religiosa sincera y a las instituciones que realizan un trabajo comunitario legítimo.
Por eso es importante distinguir entre la crítica a una persona y el rechazo a toda una tradición religiosa. Exigir cuentas a un dirigente no equivale a atacar a todos los cristianos. Cuestionar una propuesta política no significa perseguir a quienes comparten una fe. Y denunciar el uso instrumental de la religión no supone negar el valor que la espiritualidad tiene para millones de personas.
La crítica responsable debe centrarse en las acciones, las pruebas y las consecuencias.
El prójimo no es un instrumento para construir reputación
Llegamos así a una pregunta que debería atravesar tanto el liderazgo religioso como la participación cristiana en política: ¿para quién se ejerce la autoridad?
En Marcos 10:42-45, Jesús presenta el servicio como una forma de distinguir el liderazgo que propone a sus discípulos del ejercicio del poder basado en la dominación. En Juan 13:12-17, el gesto de lavar los pies de sus discípulos se convierte en una enseñanza sobre la responsabilidad hacia los demás.
La aplicación a la vida pública no consiste en exigir que todos los gobernantes compartan una determinada interpretación teológica. Consiste en recordar que quien acepta una responsabilidad debe utilizarla en beneficio de las personas a las que está llamado a servir.
Un diputado no debería entender su cargo como una recompensa por su popularidad religiosa. Un ministro no debería tratar una institución pública como patrimonio de su grupo. Un alcalde no debería confundir la administración de una comunidad con la dirección de una congregación. Un presidente no debería suponer que haber ganado una elección lo libera de los límites que impone la Constitución.
La autoridad política se ejerce en nombre de la ciudadanía y bajo reglas que deben proteger tanto a las mayorías como a las minorías.
Por su parte, quienes ejercen liderazgo religioso deberían recordar que su influencia puede contribuir a fortalecer la participación cívica, promover la solidaridad y enseñar a las personas a examinar críticamente a quienes aspiran a gobernarlas.
Una comunidad cristiana no tiene que renunciar a sus convicciones para participar en democracia. Pero tampoco debería renunciar a su capacidad de discernimiento para seguir a un candidato. La fe puede inspirar el compromiso público. No debería sustituir la responsabilidad política.
La pregunta final
¿Qué queda después de la predicación? ¿Qué permanece cuando se apagan las luces, se guarda el equipo de sonido y el público regresa a sus casas? ¿qué queda después de una campaña electoral? ¿Qué sucede cuando terminan los discursos, desaparecen las consignas religiosas y el candidato ocupa el cargo para el que fue elegido?
En ambos escenarios, la respuesta debe buscarse en la conducta. Una comunidad religiosa puede tener excelentes músicos, predicadores elocuentes y edificios impresionantes. Pero si la solidaridad no sale de sus paredes, debería preguntarse qué entiende realmente por servicio.
Un político puede llenar plazas, citar la Biblia y presentarse como defensor de los valores cristianos. Pero si no explica sus decisiones, desprecia los controles institucionales o utiliza el poder para favorecer intereses particulares, la ciudadanía tiene derecho a cuestionarlo.
No podemos determinar desde la sociología quién ha recibido un llamado divino. Tampoco corresponde a una columna de opinión distribuir certificados de legitimidad espiritual. Lo que sí podemos hacer es examinar las consecuencias sociales de las conductas, las relaciones de poder que se construyen y las responsabilidades que asumen quienes dicen representar valores sagrados.
La autoridad religiosa no debería convertirse en una licencia para dominar. La autoridad política tampoco debería utilizarse como si fuera una autorización sobrenatural para gobernar sin límites.
Santiago 1:27 ofrece una medida concreta de la religión que se expresa en el cuidado de quienes sufren. Miqueas 6:8 invita a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Mateo 7:16 recuerda que los árboles se reconocen por sus frutos.
Si alguien afirma que su vocación es servir, debería ser posible encontrar señales de ese servicio en su conducta. Si una organización asegura que la solidaridad es central, debería poder explicar cómo la practica. Si un político dice que su fe lo lleva a trabajar por el bien común, debería estar dispuesto a demostrarlo mediante decisiones responsables, respeto a las instituciones y rendición de cuentas.
El problema nunca ha sido que una persona quiera servir a Dios. Tampoco que una persona cristiana quiera participar en política. El problema aparece cuando alguien convierte ese supuesto llamado en una herramienta para obtener poder sin asumir las responsabilidades que ese poder exige.
Dios no necesita que un dirigente se convierta en una celebridad para que el prójimo reciba ayuda. La democracia no necesita gobernantes que se consideren representantes exclusivos de la voluntad divina. Las comunidades religiosas no necesitan líderes infalibles y la ciudadanía no necesita políticos que confundan popularidad con virtud.
Y ningún título religioso, ninguna victoria electoral y ninguna invocación del nombre de Dios debería estar por encima de esa exigencia.
Santiago 1:27 dice: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”.
