La magistrada Patricia Vargas González asumirá la conducción del Poder Judicial durante los próximos cuatro años tras ser elegida este lunes como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Vargas se impuso en el proceso al alcanzar los 12 votos necesarios en la quinta ronda de votación celebrada por la Corte Plena, superando a los otros aspirantes al cargo: Patricia Solano Castro, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Damaris Vargas Vásquez.
Con 56 años de edad, Patricia Vargas, Máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica (UCR) y con un doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España, forma parte de la generación más reciente en asumir puestos cúpula en el sistema de justicia. Integra la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) desde 2023, año en que fue elegida por la Asamblea Legislativa para un periodo de ocho años.
Así, acumula 25 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde se ha desempeñado como defensora pública (en materia penal y ejecución de la pena), letrada de la Sala Tercera, jueza de juicio y jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal (en los tribunales de Goicoechea).
Durante la presentación de su candidatura y su llegada a la presidencia, Vargas enfatizó que la defensa de la autonomía institucional es innegociable: “Cuando se debilita la independencia judicial se debilita también la democracia. Defender al Poder Judicial es defender la vida republicana de Costa Rica”, recalcó.
Su plan de trabajo contempla nueve ejes estratégicos enfocados en afrontar los retos más urgentes de la institución:
Sostenibilidad presupuestaria: Hacer frente a la contención del impacto financiero previsto para 2027 —que contempla una reducción de más de ₡10.000 millones y el congelamiento de cerca de ₡30,000 millones—, recursos vitales para la tecnología de notificación y el equipamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Defensa de plazas operativas: Gestionar la preservación de 2,463 plazas operativas proyectadas a congelar (incluyendo más de 800 del OIJ y más de 700 jueces), cuya ausencia pondría en riesgo el funcionamiento de despachos clave.
Uso de inteligencia artificial generativa: Implementar herramientas tecnológicas para automatizar procesos administrativos y de gestión rutinarios que no requieran una decisión jurisdiccional directa, con el fin de acelerar los trámites y reducir la mora judicial.
Reformas procesales: Impulsar ante la Asamblea Legislativa modificaciones al proceso penal que garanticen que solo los casos estrictamente necesarios lleguen a la etapa de juicio, la cual actualmente concentra una gran parte de la duración de las causas.
En desarrollo.
