Allan Madriz | EP. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, instó a los diputados que integran la Comisión de Gobierno y Administración, a aprobar el proyecto de ley de empleo público.
Como vital para las finanzas públicas, calificó la jerarca del Mideplan el expediente 21.336, “Ley de Empleo Público, ante los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración”.
La propuesta propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales. Una columna salarial será la base para establecer los salarios globales en las diferentes familias y se aplicaría a todos los empleados nuevos que ingresen al sector público una vez aprobada la ley.
Para definir la política salarial de cada año, se considerarían los fondos públicos disponibles y mantener las remuneraciones competitivas con respecto al sector privado.
La iniciativa es un instrumento para ordenar la legislación existente en materia de empleo público y para mejorar el reclutamiento y la selección de personal, con el fin de dar “servicios de excelencia a la ciudadanía”.
Según destacó Garrido, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ha adquirido más relevancia a raíz de la emergencia de COVID-19, pues al representar una importante fuente de ahorros, también se convertiría en un bastión para encaminar las finanzas públicas del país.
“Costa Rica necesita con urgencia la nueva ley de empleo público para ayudar a la sostenibilidad fiscal. Este proyecto podría generar ahorros ₡243.000 millones al año. El salario global es el instrumento para lograrlo y, al mismo tiempo, permitirá eliminar paulatinamente las inequidades salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, explicó Garrido.
Consultada por los legisladores, sobre la oposición que ha recibido el proyecto de parte de múltiples sectores del país, que alegan que violenta la autonomía institucional, la ministra indicó que la propuesta no afecta los derechos ya adquiridos y que será aplicado solo a los nuevos funcionarios.
Garrido aseguró que el proyecto se ajusta técnicamente a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las recomendaciones de la Procuraduría General de la República (2015) y del Informe Económico de la OCDE (2020).
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