La Comisión tiene como fin determinar las responsabilidades sobre esos delitos, y tendrá 2 años para analizar documentos y declaraciones sobre los crímenes ocurridos en Brasil entre 1946 y 1988, para luego presentar un informe final.
Durante el acto Rousseff también firmó la Ley de Acceso a la Información, que impedirá que las informaciones relativas a violaciones de Derechos Humanos vuelvan a ser declaradas reservadas o secretas.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, consideró la iniciativa presidencial como “un paso necesario y muy esperado”.
Sin embargo las investigaciones de la Comisión no tendrán un fin punitivo, y no podrá procesar a los autores de los delitos debido a la vigencia en Brasil de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979 por el régimen militar, que impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos que ocurriero durante la dictadura. El Periódicocr
