Santiago, 26 de septiembre de 2017 El ex presidente Sebastian Pinera asiste a la entrega del Premio Defensa de la Democracia y Libertad del Consejo de la Fundacion Internacional para la Libertad en la casa central de la Pontificia Universidad Catolica. Andres Pina/Aton Chile
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George Rodríguez EP. El derechista presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este martes que el cruento golpe de Estado militar de 1973 en ese país se enmarcó en un contexto de sectarismo y de intolerancia.

Piñera formuló la afirmación al encabezar una actividad gubernamental llevada a cabo dentro del Palacio de la Moneda, la sede del Poder Ejecutivo, conmemorativa del 45 aniversario dela insurrección militar que dio inicio al represivo régimen dictatorial (1973-1990) encabezado por el general Augusto Pinochet (1915-2006).

Bombardeado durante el desarrollo del golpe, la mañana del 11 de setiembre de 1973, el Palacio de la Moneda es el lugar donde el entonces presidente (1970-1973), el socialista Salvador Allende, y varios allegados –incluidos los integrantes de su seguridad personal- procuraron, armados, resistir la agresión ultraderechista.

“En 1973, nuestra democracia estaba enferma de odio, de violencia, de descalificaciones, de intolerancia, de sectarismo, y eso lo sabemos todos”, afirmó Piñera, durante la actividad a la que asistieron ministros y otros funcionarios gubernamentales.

El mandatario admitió que, durante el régimen militar, ocurrieron violaciones a los derechos humanos, y planteó que ninguna coyuntura justifica tales actos.

En ese sentido, aludió a “los graves, sistemáticos, reiterados y condenables” atropellos a las garantías fundamentales de los que decenas de miles de personas fueron víctimas.

Simultáneamente al acto gubernamental, integrantes de organizaciones políticas realizaron homenajes a Allende, en puntos históricos de Santiago, la capital chilena, incluidos la calle Morandé, frente al número 80, donde se ubica la puerta por la que Allende accedía a La Moneda, así como frente a un monumento al ex mandatario –popularmente conocido como el “compañero presidente” y el “Chicho” Allende- ubicado frente a la sede gubernamental.

Respecto al cruento derrocamiento de Allende, el presidente del Partido por la Democracia (Ppd), Heraldo Muñoz, dijo que, si bien lo intentaron, los golpistas no lograron borrar lo que el depuesto mandatario simbolizó, ni eliminar a sus simpatizantes.

“Quienes atacaron La Moneda, hace 45 años, buscaron erradicar lo que él representaba, hacernos desaparecer física y políticamente. Fracasaron. Aquí estamos de nuevo para rendirle homenaje a Salvador Allende, a su proyecto y a sus sueños”, subrayó.

Por su parte, Javiera Toro, dirigente del izquierdista Frente Amplio (FA), planteó la necesidad de contar con legislación que no implique beneficios para los responsables de los actos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En ese sentido, exhortó al gobierno de Piñera –instalado el 11 de marzo- a “poner urgencia en tramitar una ley que actualice la legislación vigente, impidiendo los beneficios a los criminales de lesa humanidad y regulando de manera distinta la libertad condicional”.

Toro hizo así alusión a la excarcelación, el 13 de agosto, de siete represores del régimen pinochetista quienes cumplían condenas de prisión por haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Los siete militares beneficiados, a quienes se otorgó libertad condicional, cumplían diferentes condenas por crímenes llevados a cabo, durante el período dictatorial, entre otros lugares, en los centros de detención de Colina 1 y Punta Teuco, al norte de Santiago, la capital chilena.

La decisión judicial generó inmediatas manifestaciones de protesta en Santiago y otras ciudades chilenas, por parte de asociaciones defensoras de derechos humanos y con participación de parlamentarios opositores.

Sectores que apoyaron a Allende y que actualmente se oponen al gobierno de Piñera critican expresiones formuladas, en diferentes momentos, por el presidente y reproducidas por medios de comunicación chilenos e internacionales, respecto a Pinochet y a la dictadura militar.

En uno de los casos, Piñera criticó la detención de Pinochet en 1998 en Londres, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón, a causa del asesinato de ciudadanos de España, en Chile, durante el régimen de facto.

Pinochet, quien luego de la dictadura se convirtió en senador vitalicio, fue retenido en la casa donde estaba hospedándose, y recibió la visita de familiares y simpatizantes quienes se trasladaron a la capital británica.

“El senador Pinochet y su familia están viviendo momentos difíciles en Londres. Por eso, merecen toda nuestra solidaridad”, afirmó, entonces, el actual mandatario.

En ese momento, Piñera invocó principios para condenar la acción judicial contra el dictador, a quien se refirió como un ex presidente de Chile.

“Por un problema de principios, no podemos permitir que un juez español (…) se arroje (sic) una jurisdicción que no le corresponde y pretenda juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República”, afirmó.

En otros momentos, Piñera adjudicó la responsabilidad del golpe a sectores políticos que, en su opinión, descuidaron la democracia.

En ese sentido, en 2013, aseguró que “el golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 se produjo porque las fuerzas políticas no fueron capaces de cuidar nuestra democracia, nuestro Estado de derecho, nuestra sana convivencia”.

Días después, amplió el abanico de responsabilidad a una generación entera.

“El quiebre de la democracia en 1973 significó el fracaso de toda una generación que no quiso, no supo o no pudo proteger nuestra democracia. Eso no significa que todos sean responsables y que esas responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron compartidas”, aseveró.

El mismo año, señaló que se desempeñó, bienintencionadamente, en el aparato gubernamental dictatorial, y aseguró que haberlo hecho no lo descalifica.

“El hecho de haber trabajado en el gobierno militar, de buena fe, con buena voluntad y el mejor interés por Chile, no constituye una descalificación ni prohibición para seguir ejerciendo cargos de servicio público”.

No obstante ello, aseguró, a continuación, que fue opositor a la dictadura.

Al declararse “opositor del Gobierno militar desde el primer día”, afirmó que lo fue porque no estuvo de acuerdo con “la forma en que empezó” el régimen.

Piñera cumple, desde el 11 de marzo de este año –y para el período 2018-2022-, su segundo mandato gubernamental, tras haber ejercido la presidencia durante el cuatrienio 2010-2014.

Irónicamente, en ambos casos, recibió la banda presidencial de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), una médica socialista quien fue una de miles de presos políticos durante el régimen militar.

Bachelet se desempeña, desde el 1 de este mes como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), cargo al que fue designada el 10 de agosto, por aclamación de los 193 países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con datos oficiales, durante los 17 años que se mantuvo en el poder, tras el cruento golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973, la dictadura militar de Chile generó por lo menos 3.200 víctimas fatales y aproximadamente 1,192 desaparecidos, además de alrededor de 33,000 presos políticos quienes fueron, invariablemente, torturados.

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