Keylor García | EP. La Comisión Especial Investigadora encargada de analizar el caso de los Panamá Papers reveló las maniobras que usaron políticos y grandes empresas de Costa Rica para evadir el pago de impuestos en perjuicio de Hacienda.
Facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en off shore, fueron algunas de las maniobras utilizadas para evadir impuestos en detrimento del desarrollo social del país.
La Comisión Especial Investigadores, liderada por Marcela Guerrero Campos e integrada por Marco Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana (PAC), Patricia Mora Castellanos del Frente Amplio (FA) y la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría, dio a conocer el informe de resultados y recomendaciones sobre las publicaciones del bufete Mossack Fonseca luego de casi un año de análisis e investigación.
“En concreto, la maniobra que utilizan es constituir empresas offshore que funcionan por debajo de los radares de la legislación fiscal del país de origen de sus beneficiarios. Estos bufetes disponen de una infraestructura logística y legal para aprovechar cualquier portillo y crean condiciones legales para dirigir los fondos de sus clientes a países con reglas tributarias menos rígidas”. Señaló la diputada del frente amplio,Patricia Mora.
Mora expresó que fueron “hechos cometidos por una banda de ladrones”.
De igual forma el diputado del PAC, Marco Redondo Quirós agregó que las maniobras representan una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado.
El informe presentado por la comisión recomienda a los colegios profesionales incluir normas y sanciones para evitar que sus agremiados emitan asesorías legales y contables con el fin de defraudar o burlar la ley tributaria.
“Tan responsable es el sujeto que se beneficia directamente de la maniobra elusiva o evasiva como el sujeto que aconsejó dicha maniobra, así que recomendamos sanciones administrativas en contra de los profesionales que faciliten, aconsejen y presten sus servicios con el fin de eludir o evadir la Autoridad Tributaria Nacional”, señaló la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría.
El 8 de agosto del 2016 la audiencia del Colegio de Contadores Públicos mencionó los principales mecanismos identificados para eludir y evadir impuestos: Declaración de subfacturación, o sea facturar por debajo del valor real, registrar empresas en off shore o lo que también se pueden llamar Guaridas Fiscales sin conocerse quienes son los dueños ni las actividades, uso de testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, uso de organizaciones de bien social o caritativas y uso de estructuras paralelas, que son las sociedades que se utilizan para diluir o evadir impuestos.
Hacienda investiga a 120 empresas
A raíz de este análisis, el Ministerio de Hacienda mantiene bajo investigación a 120 empresas o personas sospechosas de prácticas de evasión fiscal, ligadas a los denominados “Papeles de Panamá”. Se trata de 79 empresas y 41 personas físicas, cuyos nombres no fueron divulgados y se dedican a actividades en los ámbitos jurídicos, inmobiliarios, agropecuarios, comercial y de servicios de asesoramiento y consultorías.
Lea también: Fiscalía analiza información de los “Panama Papers” para definir si se pueden abrir causas…
En contexto
Los Papeles de Panamá (conocidos como Panamá Papers) es una investigación periodística internacional en torno al bufete panameño MOSSACK FONSECA, la cual arrojó la filtración de documentos, inicialmente confidenciales, en los que se revelaba cómo un sector acaudalado del planeta utilizaba los paraísos fiscales para mantener oculta su riqueza debajo de los radares tributarios.
El 3 de abril de 2016 se publicó por medio de más de 109 medios de comunicación de 76 países, convirtiéndose en la investigación periodística con mayor cuantía de datos de la historia. Cerca de un mes después de la primera publicación, el 9 de mayo de 2016, el ICIJ publicó la base de datos completa.
El 23 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la instalación de la Comisión Especial Investigadora, de conformidad con el artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política, así como los numerales 90 y 91 del Reglamento Legislativo.
Adicional al informe de la Comisión Especial Investigadora, se presentaron tres proyectos de ley sobre: Cláusula anti elusiva general, Reforma al delito de Legitimación de Capitales y Regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria, con el fin de reducir los vacíos legales que permiten las maniobras mencionadas para eludir y evadir impuestos.
