George Rodríguez EP. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega dijo en un acto público realizado este miércoles que solicitará al gobierno costarricense la lista de refugiados nicaragüenses. Sin embargo la Cancillería de Costa Rica negó que dicha solicitud sea efectiva.
Se trata de aclarar quiénes, entre esos miles de solicitantes de refugio, han cometido delitos en Nicaragua, aseguró Ortega al hablar en una multitudinaria actividad llevada a cabo en Managua para conmemorar el 51 de la batalla de Pancasán, un hito histórico en la exitosa lucha guerrillera contra la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle.
Consultada por El Periodicocr la Cancillería costarricense respondió que la divulgación de información sobre quienes gestionan asilo o refugio no es permitida, por tratarse de datos sensibles enmarcados en el principio de confidencialidad.
Ortega expresó que unos 26 mil nicaragüenses han salido rumbo a la vecina Costa Rica, a causa de la violencia enmarcada en la actual crisis sociopolítica nicaragüense –que el gobierno atribuye a un intento de golpe de Estado-.
“Estoy seguro que los 26 mil no son criminales” sino que “la mayoría se ha ido porque, bueno, cuando hay tensiones, cuando hay situaciones como estas, mucha gente le entra el temor y busca parientes que tiene en el país vecino, busca familias que tiene en el país vecino, busca amigos que tiene en el país vecino y van para allá a esperar a ver qué pasa”, según el mandatario.
Al dirigirse a quienes consideren que no han cometido delito alguno, les dio garantías de que pueden regresar, sin temor, a Nicaragua.
“Qué les podemos decir, a los que se sienten libres de pecado?”, preguntó, para, inmediatamente, responder: ‘pueden regresar, con la seguridad de que nadie los va a detener, pueden regresar’”.
En ese sentido, dijo que proyecta solicitar, al gobierno costarricense, la lista de los nicaragüenses quienes han solicitado refugio.
“Y le vamos a proponer, formalmente, a las autoridades costarricenses, que nos manden el listado de los que están pidiendo, allá, refugio, asilo, lo que sea, y poder decirles: ‘vean: de este listado, son estos, nada más, los que tienen acusaciones por delitos, porque torturaron, porque mataron, porque destruyeron, porque quemaron’”, precisó.
Se trata de aclarar, al gobierno de Costa Rica, quiénes, entre ese flujo de migrantes, han violado la ley.
“Se los vamos a decir, con toda claridad, y si ellos los quieren dejar, ahí, en Costa Rica, pues que los dejen en Costa Rica”, agregó.
A una consulta de El Periodicocr, sobre lo afirmado por Ortega, la Dirección de Comunicación Institucional de la cancillería costarricense respondió, mediante un mensaje de texto, que no es posible proporcionar información sobre quienes tramitan protección.
Ello, de acuerdo con lo establecido en legislación costarricense sobre el tema, indicó la cancillería.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no puede dar detalles sobre solicitantes de asilo o refugio, ya que se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Personas Refugiadas Decreto N 26831-G”, explicó.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a raíz de la protesta popular contra un fracasado decreto presidencial que apuntó a reformar, en detrimento -lo mismo del sector laboral que del empresarial- el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Si bien el decreto fue dejado sin efecto, la masiva protesta pasó a enfocarse en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta gubernamental ha consistido en fuerte represión, lo que ha generado choques entre fuerzas gubernamentales –incluidos grupos parapoliciales- y manifestantes opositores, con saldo, hasta ahora, de aproximadamente 500 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daño considerable a la economía nacional.
