George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua rechazó este miércoles el contenido del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpea hace más de cuatro meses a ese país.
Entre las razones expresadas en las consideraciones referidas al informe, la administración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, señala que se trata de un documento cuya redacción fue evidentemente influenciada por sectores de oposición, por lo que carece de objetividad.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la OACNUDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”, se indicó en el texto de 33 páginas, fechado el 26 de agosto y dado a conocer este miércoles.
Titulado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, el documento de la Oacnudh omite indicar que la violencia que convulsiona al país deriva de un intento de golpe de Estado, aseguró el gobierno.
“El título del Informe prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en si mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas. Asimismo, se mantiene el concepto de protestas como el marco donde sucedieron esos hechos obviando que lo sucedido en Nicaragua fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional”, planteó.
Asimismo, el texto presenta imprecisiones y fuentes vagamente identificadas, además de que adolece de ausencia de objetividad, de acuerdo con la negativa evaluación gubernamental.
“Cuestionamos el denominado informe por ser carente de información veraz (…) se evidencia a lo largo de su descripción el uso excesivo de fuentes indeterminadas e imprecisas, tales como ‘información disponible’, ‘según informes’, ‘a falta de análisis…’, ‘podría’ y ‘probablemente’, entre otros”, señaló, a manera de ejemplo.
Ello resulta en ausencia completa de sustento objetivo, no obstante lo cual las afirmaciones así elaboradas son presentadas como elementos verdaderos, señaló la administración de Ortega.
“El denominado informe sin ninguna base objetiva sustenta sus afirmaciones en lo que dicen organismos no gubernamentales, medios de comunicación, reportes anónimos y redes sociales o cualquier otra fuente carente de objetividad, no verificada, y el Alto Comisionado las convierte en su denominado informe como verdad irrefutable, sin cumplir con un mínimo estándar que requiere una investigación seria y responsable”, cuestionó, además, en referencia al titular de la Oacnudh, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein.
El gobierno nicaragüense reaccionó así al informe de la Oacnudh que, fechado el 24 de agosto, fue dado a conocer este miércoles.
El documento contiene severas críticas a la administración de Ortega, a la que responsabiliza por la violencia y la pérdida de cientos de vidas en el contexto de la convulsión sociopolítica.
En declaraciones que formuló también este miércoles, en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la Oacnudh, Al Hussein cuestionó el hecho de que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, y advirtió que “la violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”.
Es necesario que la comunidad mundial, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aboquen a generar medidas que la crítica situación nicaragüense entre en una fase de mayor violencia, señaló.
“Insto al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves”, expresó.
Al Hussein sugirió que acciones en ese sentido deben priorizar a las víctimas de las masivas violaciones de derechos humanos que el gobierno viene llevando a cabo desde el inicio de la crisis.
“Cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad”, precisó.
La Oacnudh planteó, en el informe, que la crisis nicaragüense viene desarrollándose en fases –tres, hasta ahora-.
La primera -desde mediados de abril hasta mediados de junio- consistió en la represión masiva gubernamental contra las manifestaciones callejeras y otras formas de protesta a nivel nacional –incluidos “tranques” (bloqueos en tramos de las principales carreteras nacionales) y barricadas en calles de diferentes ciudades en todo el país-.
La segunda –desde mediados de junio hasta mediados de julio- enmarcó la remoción, por la fuerza –con movilización policial y parapolicial, y uso de maquinaria pesada-, de los tranques y las barricadas.
La tercera –iniciada a mediados de julio y aun en desarrollo-, consistente en la represión selectiva de dirigentes opositores y la mayor cantidad posible de participantes en alguna forma de protesta antigubernamental, lo que incluye la persecución y la criminalización de esas personas, a quienes se enjuicia por delitos que no cometieron, tales como actividades terroristas y de criminalidad organizada.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En más de cuatro meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado cerca de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
