George Rodríguez EP. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este domingo que decidió cerrar temporalmente su sede central, a causa de amenazas telefónicas y asedio al local por parte de grupos armados ilegales.
La ANPDH también ha conocido información respecto a inminente persecución por la vía judicial, indicó la organización, en un comunicado.
“Nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas, a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos de la ANPDH”, lo que implica que “nuestras oficinas centrales permanecerán cerradas temporalmente”, informó la asociación.
La ANPDH ha sido blanco de hostigamiento por parte de grupos armados ilegales, y su personal ha recibido amenazas telefónicas, según lo informado en el texto.
En ese sentido, la organización denunció que es objeto de “asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
Otro componente de la decisión radica en información recibida por la organización no gubernamental sobre inminente persecución mediante mecanismos judiciales y la criminalización del trabajo que desempeñan sus defensores de derechos humanos.
La ANPDH ha “recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de derechos humanos”, reveló la ANPDH, y agregó que, también por ello, “nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas, a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos”.
En términos amplios, y más allá del sector de defensores de los derechos humanos, el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, está aplicando, contra opositores en general, la recientemente aprobada Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Votada favorablemente el 16 de julio por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), la nueva legislación prevé sanciones de 15 a 20 años de prisión para quien cometa actos terroristas, y castiga a quien, entre otros delitos, “recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos (…) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo”.
Un día después, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), con sede en la ciudad suiza de Ginebra, advirtió que el texto presenta redacción vaga, particularmente en un artículo.
“Tenemos una preocupación particular por el artículo 394, que define como terrorista a alguien que cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos con la intención de intimidar a la población y altere el orden constitucional. El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, advirtió el vocero de la Oacnudh, Rupert Colville.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descrito tales acciones como la tercera fase de represión, y la ha definido como “más ruda, más explícita y burocrática”.
Casi doscientos participantes en manifestaciones de oposición al gobierno, en la marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses convulsiona a Nicaragua, están acusadas de haber cometido actos terroristas, informó, el 31 de julio, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
A las 137 judicializadas desde el 23 de abril –fecha en que fue tramitada la primera acusación- hasta el 26 de julio, se sumaron las 48 acusadas en seis causas penales gestionadas solamente en el lapso del 27 al 30 de julio, lo que suma 185 acusaciones, indicó Julio Montenegro, abogado de la CPDH, citado por el diario opositor local La Prensa.
Y el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que “hay una situación de asedio, de amenaza, de persecución masiva a través de listados”, contra personas participantes en las masivas manifestaciones y otras expresiones de oposición al gobierno.
Las 48 más recientes detenciones en el período estudiado comenzaron 11 días después de aprobada la ley, confirmando las advertencias iniciales en el sentido de que se trata de un instrumento facilitador de la criminalización de actividades de protesta opositora pacífica y del trabajo de los defensores de derechos humanos.
Respecto al cierre temporal de su sede central en Managua, la capital nicaragüense, la ANPDH informó, en el comunicado de este domingo, que mantendrá activo “su trabajo social de promoción y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nicaragüense”, lo mismo por la vía del correo electrónico [email protected] que de la aplicación WhatsApp.
El anuncio fue conocido 10 días después de que la entidad emitió su más reciente informe sobre la dramática situación de ingobernabilidad que golpea a Nicaragua.
Dado a conocer el 26 de julio –a los cien días de estallada la violenta crisis sociopolítica-, el saldo de la convulsión fue actualizado en 448 víctimas fatales -426 hombres y 22 mujeres-, a las que se suman 2,830 heridos y 718 desaparecidos, como saldo de la represión gubernamental antiopositora –lo mismo por fuerzas policiales que parapoliciales- a nivel nacional.
La cifra de fallecidos incluye a 383 civiles, 40 integrantes de fuerzas parapoliciales, 24 efectivos de la Policía Nacional, y un militar, mientras el desglose de víctimas fatales por departamento (provincia) y región autónoma, ubica, en los primeros lugares, a Managua (189), seguido por Masaya (55), Matagalpa (32), Carazo y León (28 cada uno), y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (26).
La casi totalidad de esas bajas está integrada por ciudadanos nicaragüenses, a los que se suman tres extranjeros –un guatemalteco, un estadounidense, y una brasileña-.
En cuanto a las causas, 356 personas fueron fatalmente heridas por disparos.
Respecto a los desaparecidos –por lo menos 718 a nivel nacional- la asociación indicó, en el informe que, se trata de personas capturadas por grupos armados ilegales.
La situación estalló el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos, demanda que la pareja gobernante se ha negado a escuchar y a la que ha respondido con represión.
