Por Ana Virginia Calzada Miranda
La relación entre Dios y el poder es tan antigua como la propia organización política de las sociedades. A lo largo de la historia, gobernantes de distintas épocas y culturas buscaron en lo sagrado una explicación de su autoridad.
En determinados momentos de la historia europea, esa relación llegó incluso a formularse como doctrina política: el derecho divino de los reyes.
La autoridad del monarca no se entendía entonces como proveniente de la voluntad de sus súbditos, sino de un orden superior que contribuía a justificar su poder.
La historia, sin embargo, fue mucho más compleja. También desde el pensamiento religioso surgieron límites al gobernante, deberes frente a la comunidad y reflexiones sobre el origen y el ejercicio legítimo de la autoridad.
Después de siglos de conflictos y transformaciones, fue abriéndose paso una idea esencial para la democracia moderna: quien ejerce el poder político necesita legitimidad, está sujeto al derecho y debe responder por sus decisiones. Eso no expulsó a Dios de la sociedad ni exigió a los gobernantes renunciar a sus convicciones. Lo que hizo fue distinguir ámbitos que durante demasiado tiempo habían estado confundidos. Esa distinción sigue siendo fundamental.
Un gobernante puede ser profundamente creyente. Puede rezar antes de tomar una decisión, pedir a Dios sabiduría para gobernar, encontrar orientación en la Biblia o en cualquier otro texto sagrado y encomendar a Dios la responsabilidad que ha asumido. Nada de ello resulta incompatible con la democracia. Pertenece a la libertad de conciencia, que debe ser respetada tanto en quien gobierna como en cualquier ciudadano.
El problema aparece en otro momento: cuando se confunde la fuente personal de inspiración moral de quien gobierna con la fuente de legitimidad del poder que ejerce. No son lo mismo.
Un gobernante puede encontrar en Dios la inspiración moral para ejercer el poder. Lo que no puede encontrar en su fe es una fuente adicional de legitimidad política. En una democracia, esa legitimidad nace del orden constitucional y de la voluntad ciudadana, y permanece siempre sometida a límites.
La distinción no es menor. La fe pertenece a la conciencia. El poder produce efectos sobre la vida y los derechos de los demás y, precisamente por eso, necesita ser explicado, justificado y controlado. Quien gobierna debe dar razones de sus decisiones, someterse al ordenamiento jurídico, respetar los derechos de quienes piensan diferente y aceptar que sus actos pueden ser cuestionados.
La separación entre la esfera religiosa y la política tampoco debería interpretarse necesariamente como una batalla contra Dios o contra la religión. Puede entenderse también como una garantía en ambos sentidos: protege al ciudadano frente a una eventual imposición religiosa desde el Estado y protege a la religión frente a su utilización por quienes ejercen temporalmente el poder.
Este último aspecto merece particular atención. El poder siempre ha buscado fuentes que refuercen su autoridad, y pocas pueden resultar tan poderosas como aquella que se presenta como proveniente de una instancia superior al propio ser humano. Por eso existe una diferencia profunda entre un gobernante que pide a Dios sabiduría y un poder que pretende hablar con la autoridad de Dios. En el primer caso estamos ante una convicción personal. En el segundo entramos en un terreno mucho más delicado.
Cuando una decisión política se presenta revestida de autoridad religiosa, la discusión democrática puede quedar alterada. Quien discrepa ya no parece discutir únicamente con un gobernante, con una política pública o con determinadas razones. Puede terminar colocado, al menos simbólicamente, frente a la autoridad superior que ha sido invocada. Y ningún poder democrático debería colocarse en ese lugar.
Por esa misma razón, resulta inconveniente utilizar las tribunas oficiales para identificar el ejercicio del poder con una determinada profesión de fe. La palabra pronunciada desde una institución pública no tiene el mismo significado que la expresión de una convicción personal: lleva consigo la autoridad simbólica del cargo y del Estado. Esa diferencia exige prudencia, precisamente porque quien habla desde el poder lo hace desde una posición que pertenece a todos. No porque Dios deba desaparecer de la vida de quienes gobiernan, sino precisamente porque Dios trasciende cualquier gobierno.
El Estado, por otra parte, pertenece por igual a quien cree profundamente, a quien profesa una religión diferente y a quien no cree. Ninguno de ellos posee mayor o menor dignidad ciudadana por sus convicciones. De ahí que las decisiones públicas necesiten razones públicas. La Constitución, la ley, los derechos fundamentales, la deliberación democrática y la rendición de cuentas proporcionan un terreno común en el cual las decisiones del poder pueden ser discutidas, cuestionadas y, cuando corresponda, corregidas.
La fe puede inspirar a quien decide, pero no puede reemplazar esas razones.
Existe además otro riesgo que no debería ignorarse: la confusión entre religión y poder puede terminar perjudicando a la propia religión. Cuando lo sagrado se identifica demasiado con un gobierno, comienza inevitablemente a quedar asociado no solo con sus aciertos, sino también con sus errores, sus excesos y sus fracasos. Lo trascendente termina vinculado a lo circunstancial.
Y los gobiernos son, por definición, circunstanciales. Las administraciones cambian. Los partidos desaparecen. Las mayorías se transforman. Los gobernantes, como todos los seres humanos, se equivocan. La fe pertenece a otra dimensión.
Por eso, establecer límites entre religión y poder no significa necesariamente alejar a Dios de la vida pública. Puede significar exactamente lo contrario: impedir que su nombre se convierta en un recurso de legitimación política y preservar a la religión de los intereses, conflictos y contingencias propios del ejercicio del poder.
Un gobernante puede arrodillarse en la intimidad y pedir sabiduría a Dios. Puede incluso hacerlo públicamente. Esa es su libertad. Pero cuando se levanta para gobernar, gobierna para todos: para quien comparte su fe, para quien cree de manera distinta y para quien no cree. Tal vez esa sea una de las distinciones más importantes que una democracia debe preservar.
No se trata de escoger entre Dios y la política. Se trata de comprender que ninguno necesita apropiarse del otro.
La fe puede orientar la conciencia de quien ejerce el poder. La democracia determina los límites dentro de los cuales puede ejercerlo y preservar esa diferencia protege a ambos.
