San José.- La aprobación en primer debate del expediente 21.531 obliga al Incopesca a frenar la pesca ilegal del atún en Costa Rica, una cruz que pesa sobre esta industria nacional y atenta contra el desarrollo económico de las costas.
Debido a las privilegiadas condiciones naturales de las que gozan los mares costarricenses, este país se ha convertido en un paraíso pesquero para grandes corporaciones extranjeras, quienes en su mayoría lleguen al territorio nacional, extraen el producto y no generan mayor beneficio a cambio para los costarricenses.
El proyecto titulado “Ley para la recuperación de la riqueza atunera de Costa Rica” fue aprobado (de nuevo), en primer debate, con el apoyo de los 50 diputados presentes, para obligar al Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) a establecer políticas necesarias que regulen esta actividad sobre el territorio marítimo nacional.
Esta iniciativa propuesta por el exdiputado Jose María Villalta en el 2019, pretende reformar la Ley de Pesca y Acuicultura actual, Ley N.º 8436, desde tres aspectos básicos, entre ellos, la protección y aprovechamiento de la riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica en beneficio de los costarricenses, que comprende entre 300 500 kilometros de ancho.
Un compromiso con los atuneros
Desde la bancada frentemplista, el diputado Ariel Robles senaló que “esta iniciativa representa una oportunidad de reactivación económica para las zonas costeras, tan olvidadas, así como la generación de formas de economia sustentable y solidaria donde diferentes organizaciones puedan acceder al atun”.
Con esta reforma de ley se cerrarán los portillos legales que hoy permiten a embarcaciones extranjeras despojarnos de la producción marítima sin pago alguno, o a montos rídiculos, modificando la metodología para el monto de cánones por concepto de registro y licencias para barcos atuneros.
Además, creará una flota atunera nacional con declaratoria de interés público mediante un fideicomiso que permitirá inyección de capital del Estado para poder adquirir embarcaciones aptas para la pesca de atún y podrá darla en arrendamiento o leasing a cooperativas, asociaciones y organizaciones pesqueras.
Mientras tanto, el legislador socialcristiano Carlos Andrés Robles, “hemos dado la lucha por mejorar la condición de vida de los costarricense en esta ocasión y en otros proyectos que mejoren las condiciones sostenibles del aprovechamiento de la riqueza marina”.
Foto: Sinart
