Por Randall Vega Alvarado*
Con muchísima preocupación leí el comentario publicado en Diario Extra el día lunes 2 de febrero de 2015 del señor Antonio Alexandre, en su columna “Espectro” , sobre algunos aspectos que el sector empresarial ve con indisposición de la propuesta de ley del MICITT para tener un marco legal actualizado en tema de radiodifusión sonora y televisiva. Preocupación válida porque el texto sugiere que esta propuesta de ley podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión.
Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación hemos estudiado bien el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Incluso tenemos listo un proyecto de ley trabajado desde hace varios años por muy diversos grupos de la sociedad civil y en ninguno de los dos textos, el del gobierno y el de las organizaciones sociales, encontramos causas para temer que esté en peligro la libertad de expresión.
Los informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 son clarísimos en las deficiencias de cobertura que han vivido por muchos años diversas zonas del país, aun cuando una gran mayoría de las concesiones de radio y televisión se han dado para darle cobertura a todo el territorio nacional. Los datos son muy preocupantes, 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números son peores, 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas, absolutamente todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida, algunas radios no llegan ni al 10%.
Estos datos de terror, que según la SUTEL se vienen repitiendo desde el año 2012, cuando iniciaron estas mediciones, nos dicen sin ningún tipo de duda, que se está fallando estrepitosamente en el uso correcto y eficiente del espectro radioeléctrico concesionado para la radiodifusión sonora y televisiva. Y este fallo atenta contra la población, a la que se le está negando el acceso a la información y su derecho a la comunicación.
Bajo este contexto es que es plenamente justificado un mejor sistema de seguimiento, medición y de rendición de cuentas de las personas, físicas o jurídicas, concesionarias del espectro. Y que las consecuencias del mal manejo del espectro se vean reflejadas en un marco punitivo acorde a las faltas cometidas, siempre en el marco de la seguridad jurídica. Don Antonio se queja del transitorio III del proyecto de ley del MICITT, que dice que las concesiones ya vigentes se cancelarán si en plazo de un año se comprueba que dichas licencias no están siendo explotadas de conformidad con la ley. Lleva razón el Ministerio, y no es de recibo que los concesionarios, los actuales y todos los que vendrán con el reordenamiento del espectro y la digitalización del mismo, se escuden tras la libertad de expresión, para no cumplir con los requerimientos administrativos a los que se comprometieron al recibir una concesión.
La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática. Para mí es el pilar más importante de esta sociedad que tanto queremos. No me agrada que se utilice como argumento falaz cuando la discusión es claramente otra. El espectro es uno de los bienes más preciados de nuestro Estado y en el caso de la radiodifusión sonora y televisiva está siendo pésimamente utilizado. Es urgente que la nueva legislación al respecto sea fuerte y clara en este tema, y eso, en la discusión país que se ha abierto, no es un punto negociable.
*Coordinador Comunicación ANEP y vocero de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica).
