George Rodríguez EP. Los delegados gubernamentales y opositores en la negociación para dar solución a la crisis nicaragüense informaron que se reunieron, este miércoles, con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para abordar el tema del proceso de liberación de los presos políticos en Nicaragua.
La base de las deliberaciones los negociadores y las autoridades del CICR fue el acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de los presos políticos, texto que los representantes del gobierno nicaragüense y de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) lograron, en la jornada 12 de las conversaciones, el 22 de marzo, indicaron las delegaciones en la negociación bilateral, en un comunicado.
“Con este acuerdo de la Mesa de Negociación como base, hemos sostenido el día de hoy Miércoles 27 de Marzo por la mañana (…) una fructífera reunión de trabajo” con la jefa de Misión del CICR en Nicaragua, Laura Schneerberger, y el jefe del Departamento Jurídico del CICR para América Latina, Daniel Cahen, informaron en el texto de siete párrafos.
Los dos jerarcas de la entidad de socorro y asistencia formularon recomendaciones para facilitar el acompañamiento de la institución, precisaron.
Los negociadores de ambas partes recibieron, “de dicha Misión, las recomendaciones y sugerencias, que permitirán facilitar y oficializar el acompañamiento del CICR en el proceso de liberación de personas privadas de libertad, de conformidad al ordenamiento jurídico del país”, de acuerdo con los señalado en el documento.
Los referidos planteamiento de la entidad internacional fueron incorporadas al acuerdo que lograron hace cinco días, texto que fue remitido a ambos funcionarios, según la información oficial.
“Dichas recomendaciones y sugerencias han sido integradas armónicamente en el texto inicial del Acuerdo y enviado al CICR, que ha asumido el compromiso de aprobarlo a la brevedad posible, lo que permitirá dar continuidad al proceso de la liberación de las personas privadas de libertad”, señalaron los negociadores.
Las conversaciones con los representantes del comité se desarrollaron en el marco de la jornada 15 de la negociación gobierno-alianza opositora.
Al informar, en el comunicado, sobre esta y las dos jornadas anteriores –estas, respectivamente, llevadas a cabo los días 25 y 26 de marzo-, los negociadores indicaron que, además, se avanzó en el tema de fortalecimiento de los derechos humanos.
En ese sentido, “se avanzó en el contenido del Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución Política que contemplan las libertades individuales y sociales, y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses”, precisaron.
Las presentes conversaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
