Allan Madriz | EP. En la escena nacional surge un nuevo debate después de que el magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, fuera el primero en expresar que se podría rehabilitar la cárcel en la Isla San Lucas, como medida para atender el hacinamiento carcelario.
Chinchilla indicó que las condiciones que presenta la Isla San Lucas son oportunas para que los privados de libertad sean desplazados y a la vez realicen labores que generen ingresos.
La solicitud fue escuchada por el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario y por el legislador Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes expresaron su apoyo a esta medida.
“Por ello, desde el Plan de Gobierno presentado a los electores en la campaña del 2014, los libertarios propusimos activar la Isla de San Lucas como una sede penitenciaria moderna para rehabilitar a delincuentes no peligrosos. Para ello no hay necesidad de una ley, es suficiente promover un convenio interinstitucional en el marco de las competencias del Poder Ejecutivo”, indicó el libertario en su cuenta de Facebook.
Mientras tanto el Ministerio de Justicia y Paz inmediatamente manifestó su oposición a la idea mediante un comunicado de prensa este martes.
Justicia y Paz indicó mediante cinco puntos, cuales son las razones por las que no es viable habilitar nuevamente la Isla, aduciendo violación de derechos humanos, costos, relaciones familiares, condiciones de aislamiento y tortura, así como una “involución” en el sistema penitenciario.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las políticas penitenciarias de aislamiento y segregación son violatorias de los derechos humanos porque generan, incluso, serios problemas de salud”, señaló Justicia y Paz en el comunicado.
Lo cierto es que las diferentes posiciones del magistrado Chichilla, los diputados Guevara y Tencio, así como el Ministerio de Justicia y Paz, abren un nuevo debate de como enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta al país en estos momentos.
