George Rodríguez EP. La mayoría progubernamental en la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Nicaragua, aprobó, la tarde de este sábado, la Ley de Amnistía, informó el organismo legislativo.
La iniciativa, promovida por la mayoritaria bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) –consistente en 71 de los 92 diputados integrantes de la asamblea- fue aprobada con el voto favorable de 70 de los 85 parlamentarios presentes, frente a 15 votos emitidos en contra.
Al informar, en un comunicado de cinco párrafos, la acción legislativa, la asamblea aseguró que “la aprobación de la Ley es un acto soberano del Estado nicaragüense que observa el ordenamiento jurídico vigente y los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es Estado Parte”.
Las disposiciones contenidas en la breve ley –consistente en un considerando y cuatro artículos- establecen un perdón general para las personas involucradas en la violenta crisis sociopolítica que, hace más de un año, afecta a Nicaragua, dramática situación nacional caracterizada por acciones de represión policial y parapolicial, señaló.
“La Ley otorga amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la misma”, informó
Además, establece la libertad de los presos políticos, de acuerdo con el indicado en el comunicado.
“La Amnistía cubre los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal; ordena la libertad de los presos; cancelación de Registros de antecedentes penales; y recoge el principio de No Repetición como compromiso de las personas beneficiadas a no volver a realizar actos que impliquen la comisión de delitos contemplados en la Ley”, según el anuncio, que determinó que “esta Ley de Amnistía es una contribución a la Paz y Reconciliación de la familia nicaragüense”.
Pero las disposiciones del instrumento fueron cuestionadas por sectores de oposición, lo que plantearon que, precisamente, el tema de la “no repetición” plantea, para los presos políticos que sean liberados, la amenaza de que, en cualquier momento pueden ser, nuevamente, víctimas de detención arbitraria.
La violenta crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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