George Rodríguez EP. Sectores de la oposición nicaragüense rechazaron la aprobación, este sábado de la Ley de Amnistía, que fue impulsada por sectores de oposición-, por considerar que el breve texto apunta a lograr que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión antiopositora queden impunes.
La multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) planteó, en un comunicado, es contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, la Asociación Madres de Abril (AMA) –en alusión al mes de 2018 en que estalló la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua-, anunció que emprenderá, la próxima semana, acción legal contra la nueva ley.
“La ley de amnistía presentada por el régimen es una ley de impunidad porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”, señaló la ACJD.
El instrumento es contrario a la convención americana, porque incluye crímenes de lesa humanidad, los que no prescriben, indicó al alianza, que, desde el 27 de febrero participa, con el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en un proceso de diálogo que se encuentra estancado.
“La ley de amnistía (…) impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, señaló la alianza, y precisó que “los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben”.
También mediante un comunicado, la AMA planteó que la nueva legislación apunta a mantener impunes las violaciones a los derechos humanos –incluidos crímenes de lesa humanidad- cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales.
Por ello, “vamos a recurrir en contra de esta Ley”, dijo, a periodistas, la presidenta de la asociación, Francys Valdivia, quien explicó que la organización proyecta presentar, en la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad.
En ese sentido, en el comunicado, la AMA se pronunció contraria a perdonar al régimen orteguista.
“Nuestros principios, como asociación que aglomera a los familiares de las víctimas de la represión, son incompatibles con la política de perdón y olvido que el gobierno de Ortega desea imponer por decreto”, advirtió la entidad.
La AMA aseguró que, por ello, se esforzará por lograr que los familiares de las víctimas de la represión sepan la verdad.
“Lucharemos de forma incansable para que los cientos de familias que fueron afectadas, puedan obtener verdad y justicia para sus seres queridos, y para que un país entero no se hunda en la violencia y la impunidad que pretenden imponer Ortega y sus secuaces, a través sus políticas de terrorismo de estado”, advirtió.
Entre los principales cuestionamientos opositores a la nueva ley, figura la advertencia contra lo que, en la legislación, se describe como reincidencia, por parte de los beneficiados, en cuanto a la comisión de acciones por las cuales fueron encarcelados.
“Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, indica el cuarto de los artículos, advirtiendo que “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.
La crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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