WASHINGTON – Desde comienzos de 2026 los tribunales de El Salvador condenaron a personas en juicios masivos, de cientos de acusados a la vez, sobre la base de pruebas débiles y sin darles una oportunidad real de defenderse, denunció en un informe este miércoles 7 Human Rights Watch (HRW).
Según la directora para América en esa organización de derechos humanos, Juanita Goebertus, “los juicios masivos en El Salvador son una burla a la justicia”.
Las audiencias “no están diseñadas para determinar quién es responsable por un delito, sino para producir condenas de forma masiva. Esos procesos no proporcionan justicia a las víctimas de las pandillas”.
“Por el contrario, solo sirven para darle un barniz legal a más de cuatro años de detenciones masivas bajo el régimen de excepción”, expuso la activista.
El informe expone que los tribunales juzgan de forma masiva a personas detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde hace más de cuatro años, en el contexto de gobierno de “mano dura” que dirige el presidente Nayib Bukele.
Muchas personas han sido condenadas por “agrupaciones ilícitas”, un delito definido de forma vaga, y sobre la base de evidencia débil, en procesos cerrados al público y sujetos a reserva judicial.
Los fiscales y jueces a cargo de estos casos tienen poca o ninguna independencia del Poder Ejecutivo. Los abogados defensores afirman que no tuvieron oportunidad real de impugnar las pruebas contra de sus clientes ni de preparar una defensa adecuada.
HRW indicó que entrevistó a 15 abogados defensores, representantes de personas detenidas durante el régimen de excepción, y revisó cuatro acusaciones fiscales que abarcan a más de 600 personas, y una sentencia que condenó a más de 120.
También entrevistó a integrantes de organizaciones de la sociedad civil con conocimiento directo de los procesos, y analizó publicaciones del gobierno y de medios de comunicación que han cubierto los juicios masivos.
Desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que suspende algunas garantías del debido proceso, y que el gobierno presenta como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas.
Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 93 000 personas, entre ellas más de 3000 niños y niñas, según HRW. La organización documentó abusos generalizados, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos.
Además, violaciones al debido proceso, y según su investigación muchas de las personas detenidas no tienen ninguna relación con las pandillas.
Abogados defensores dijeron que los procesos avanzan a un ritmo tan acelerado que es prácticamente imposible respetar el debido proceso. “Es macabro, necesitan que la máquina funcione como un reloj”, dijo uno de ellos.
En las audiencias, según contaron, apenas disponen de minutos para presentar la defensa: unos 10 minutos en la audiencia inicial y 15 en la de sentencia. A los defensores públicos les daban unos pocos minutos para representar a decenas y, en algunos casos, a cientos de acusados a la vez, según los testimonios.
Los abogados dijeron que la fiscalía suele basarse en informes policiales para pedir condenas. Algunos agentes contaron a HRW que muchos de esos informes se basan en pruebas fabricadas o no corroboradas, como llamadas anónimas, y que sufren presiones para elaborarlos y cumplir con cuotas de detenciones.
Los fiscales también se han basado en testimonios anónimos de testigos protegidos que llegaron a acuerdos de colaboración con la fiscalía. “No los ves”, dijo un abogado. “Están cubiertos en una cajita; lo que ves es una tabla de madera. La voz está distorsionada. Solo tienen acceso el juez, el secretario y el fiscal”, agregó.
Los juicios se celebraron ante Tribunales contra el Crimen Organizado, integrados por la Corte Suprema mediante un proceso ad hoc y opaco. Su identidad no fue revelada, ni siquiera a los abogados que intervienen en los procesos, según el reporte.
Se estima que hay 120 000 personas encarceladas en El Salvador, alrededor de dos por ciento de la población, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
Miles de individuos, procesados o condenados por integrar pandillas, están en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión que el gobierno exhibe como emblema de su dureza y modelo de prisión de máxima seguridad.
Las personas privadas de libertad sufren desde hace años hacinamiento, violencia y un acceso insuficiente a alimentos, agua y atención médica. El régimen de excepción agravó drásticamente estas condiciones al triplicar la población penitenciaria, que ya supera el doble de la capacidad del sistema penitenciario.
Al menos 513 personas han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, según la organización de derechos humanos Cristosal.
Otro aspecto destacado por HRW es que desde que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, obtuvo una supermayoría en la Asamblea Legislativa en 2021, ese parlamento aprobó cambios que debilitaron la independencia judicial.
La Asamblea sustituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por funcionarios afines al gobierno, y luego les otorgó amplias facultades para destituir o trasladar a jueces y fiscales.
Por añadidura, la falta de personal también ha socavado el acceso a una defensa efectiva. En 2024 había 165 defensores públicos para más de 93 000 personas detenidas durante el régimen de excepción, un promedio de 550 casos por defensor.
HRW plantea que las autoridades salvadoreñas deberían garantizar que los juicios cumplan con las normas del debido proceso, evaluar con rigor las pruebas y los cargos contra cada persona, poner fin al uso excesivo de la detención provisional y de la reserva judicial, y revelar cómo se designó a los tribunales especializados.
“El gobierno ha construido un sistema diseñado para condenar a cientos de personas a la vez, sin ningún mecanismo que permita distinguir entre inocentes y culpables”, dijo Goebertus.
En cambio, debería establecer un mecanismo independiente y transparente que revise los casos de las personas detenidas durante el régimen de excepción e identificar a aquellas que han sido detenidas sin pruebas suficientes y creíbles, a quienes las autoridades deberían poner en libertad de inmediato, concluyó el reporte de HRW.
