George Rodríguez EP. El Poder Ejecutivo, en Venezuela, actúa impunemente, ya que el país carece de instituciones independientes que le pongan freno, denunció la organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), en el informe anual que, basado sobre datos correspondientes a 2018, dio a conocer este jueves.
“No quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo”, señaló HRW en el documento que, denominado “Informe Mundial 2019”, divulgó en Berlín, la capital alemana, donde tiene su sede mundial.
En ese sentido, señaló, específicamente, el copamiento del Poder Judicial, lo que garantiza impunidad respecto a los abusos en materia de derechos humanos.
“Las autoridades coparon los tribunales con jueces sin la más mínima pretensión de independencia”, con lo cual, impunemente, “el gobierno ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora”, indicó.
En el marco de la aguda crisis socioeconómica, política y de seguridad, que Venezuela enfrenta, hace años, la escasez de alimentos, medicinas, y otros rubros de consumo básico, ha obligado a millones de venezolanos a migrar, principalmente hacia países limítrofes con Venezuela, u otras naciones sudamericanas, planteó.
“Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez representa la mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina”, precisó HRW.
Junto con la crisis humanitaria, persiste la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos, agregó.
“Otras preocupaciones que persisten son las precarias condiciones de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por funcionarios públicos”, puntualizó.
En materia de falta de independencia en la estructura institucional venezolana, HRW mencionó, a manera de ejemplos puntuales, los casos, respectivamente, del Poder Judicial y de la Asamblea Nacional Constituyente.
En el primer caso, la organización indicó que “el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno. El tribunal ha ratificado una y otra vez prácticas y políticas abusivas”.
En cuanto a la Asamblea Constituyente, se trata de una institución que, impuesta mediante decreto, por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presenta la característica de que sus integrantes son progubernamentales, señaló.
“En 2017, el Presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que Smartmatic, la empresa británica contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó que había sido fraudulenta”, informó.
Ese organismo ha reemplazado, así, como Poder Legislativo venezolano, a la Asamblea Nacional (AN) –parlamento unicameral-, que es la única institución estatal que no es controlada por el Poder Ejecutivo, ya que su mayoría es opositora, explicó HRW.
Además de mencionar otros puntos de preocupación –incluidos la persecución gubernamental antiopositora, las precarias condiciones en que permanecen recluidos los presos políticos, la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos-, la organización abordó en detalle la crisis migratoria.
Al referirse, en particular, a lo que describió como “la crisis de refugiados”, HRW indicó que “el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 3 millones, de una población venezolana estimada de 32 millones, habían huido del país entre 2014 y noviembre de 2018”, y aclaró que “también se han ido muchas personas más cuyos casos no han sido registrados por las autoridades”.
La confluencia de crisis obliga a altos números de personas a abandonar el país, sin perspectiva de regreso, advirtió.
“La combinación de crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela hace que numerosos venezolanos deban irse del país y no puedan o no deseen regresar. Algunos reúnen las condiciones para que se los reconozca como refugiados. Otros no, pero enfrentarían graves dificultades si fueran obligados a regresar a Venezuela y tienen una necesidad urgente de recibir asistencia humanitaria en los países a los cuales han migrado”, señaló.
La condición migratoria irregular de numerosos migrantes venezolanos, les plantea dificultades de diverso orden, informó, además.
“Muchos venezolanos en otros países siguen en situación irregular, y eso dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud”, todo lo cual “los vuelve más vulnerables a la explotación y el abuso”, advirtió, a continuación.
El informe anual de HRW fue emitido siete días después de que, contra la condena de la oposición interna, así como de diferentes países a nivel mundial, Maduro fue juramentado para su segundo período gubernamental consecutivo (2019-2025).
La legitimidad del nuevo mandato de Maduro ha sido objeto de cuestionamientos locales e internacionales, por considerarse que el mandatario obtuvo la reelección, el 20 de mayo del año pasado, en comicios fuertemente cuestionados, entre otras razones, por la escasa participación opositora y por la ausencia de observación internacional imparcial.
Entre otros planteamientos en ese sentido, la mayoría opositora en la AN acordó, el 15 de enero, declarar que Maduro ha usurpado el cargo.
Un día después, en Washington, el senador oficialista estadounidense Marco Rubio, dijo que, si se considera que Maduro ocupa ilegítimamente el cargo, resulta claro que la presidencia de ese país está vacante, por lo que el cargo pasa, automáticamente, al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó, lo que es un hecho que Estados Unidos debe respetar.
