George Rodríguez EP. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, contra quien la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizó un juicio, retó, la noche de este martes, al régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, a capturarlo.
“Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas, o de los cuerpos de seguridad, se va a prestar para secuestrar al presidente de la República”, dijo Guaidó, en declaraciones a periodistas y en presencia de simpatizantes.
En el caso de que ello ocurra, se trataría de un golpe de Estado, acción por la cual el régimen tendrá que atenerse a las consecuencias, las que serán severas, advirtió.
“Si el régimen se atreve a secuestrarme, y dar un golpe de Estado, vamos a actuar con contundencia”, aseguró, para, a continuación, y refiriéndose a Maduro, indicar que, “al dictador, solo le queda la fuerza bruta”, mientras que, “a nosotros, la fuerza de un pueblo decidido a lograr el cese de la usurpación”.
Guaidó aludió así al hecho de que la oposición venezolana, así como medio centenar de gobiernos americanos y europeos, considera que, por haber obtenido la reelección mediante una votación fraudulenta, en mayo del año pasado, al iniciar, el 10 de enero, su segundo período presidencial consecutivo (2019-2025), Maduro usurpó el cargo.
“Si quieren avanzar, háganlo, pero asuman las consecuencias”, planteó, dirigiéndose a las autoridades civiles y militares maduristas, al advertir que “el pueblo está determinado, y nada nos va a detener”, y que “no va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga”, porque “no hay vuelta atrás, en este proceso”.
El opositor –que, además, es presidente de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento unicameral venezolano, formuló las declaraciones poco después de que la ANC autorizó, mediante Decreto Constituyente, enjuiciarlo.
La medida, apoyada en el artículo 200 de la Constitución venezolana –referido a la inmunidad parlamentaria- está contenida en el único artículo resolutivo del decreto aprobado por la ANC, y leído por el president del organismo constituyente, Diosdado Cabello.
“La Asamblea Nacional Constituyente (…) decreta, primero: autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la Cédula de Identidad número 16.726.086, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, de acuerdo con el texto.
El segundo de los dos artículos del decreto ordenó la publicación del texto y su comunicación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aprobado el decreto, Cabello dijo, que “queda, así, autorizado, formalmente, la continuación del juicio, y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales”.
El artículo 200 constitucional, se refriere a la inmunidad de los integrantes de la AN, y al mecanismo para, en el caso de comisión de delito por parte de alguno de sus integrantes, entre otras acciones, determinar el enjuiciamiento del legislador infractor.
Al señalar que la inmunidad rige durante el ejercicio de las funciones de cada diputado, la disposición establece que, “de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
Según sea la naturaleza del acto ilícito cometido, el responsable puede ser sometido a privación domiciliar de libertad, indica la misma norma.
“En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”, señala.
La AN es la única institución venezolana que no está bajo el control del Poder Ejecutivo, lo que la mantiene en fuerte y permanente confrontación con la ANC.
Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la AN es, desde 2016, dominada por mayoría opositora, razón por la cual es desconocida por el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, el cual, para neutralizar el peso opositor legislativo, instaló, mediante decreto presidencial, en 2017, la ANC, encargada de redactar un nuevo texto constitucional y con facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.
La acción de este martes, por parte de la ANC, se cumplió un día después de que el presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunció que estaba enviando, a Cabello, la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.
“Se le solicitará al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó por violar las medidas impuestas por el tribunal”, indicó Moreno.
El motivo por el cual el TSJ procura la sanción obedece a que, no obstante la prohibición de salida del país que el tribunal le impuso el 29 de enero, Guaidó abandonó, el 23 de febrero, vía terrestre, el territorio venezolano, ingresando a territorio de la limítrofe Colombia, de acuerdo con lo indicado por el presidente del tribunal.
Guaidó realizó el desplazamiento para ponerse al frente de una operación para ingresar, desde Colombia, un convoy de camiones cargados con toneladas de ayuda humanitaria estadounidense almacenada en la limítrofe ciudad colombiana de Cúcuta.
La operación fue frustrada mediante fuerte represión por fuerzas de seguridad venezolanas.
Lo mismo ocurrió, simultáneamente, en un punto de la frontera venezolana con Brasil.
Desde Cúcuta, Guaidó se trasladó a Bogotá, la capital colombiana, donde participó, el 25 de febrero, en una reunión del Grupo de Lima, a la que también asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
En Bogotá, el opositor inició una gira que incluyó a otros cuatro países sudamericanos -Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador-, para reunirse con los presidentes de esas naciones –respectivamente, Jair Bolsonaro, Mario Abdo, Mauricio Macri, Lenín Moreno-, a quienes actualizó la información, a ese momento, de la crisis venezolana.
A su regreso, nueve días después -el 4 de marzo-, vía aérea, Guaidó no tuvo ningún inconveniente en reingresar al territorio venezolano, y, desde el aeropuerto al que llegó, se trasladó, de inmediato, a una masiva actividad opositora en Caracas, la capital nacional.
Al formular, 1 de abril, el anuncio sobre la inmunidad, Moreno señaló que, además de la prohibición de salir del país, el TSJ ordenó el “bloqueo de cuentas bancarias, o cualquier instrumento, en suelo venezolano”.
La aprobación del Decreto Constituyente, se enmarca en la severa crisis humanitaria, política, y de seguridad que hace años afecta a Venezuela, ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, de Ecuador y Perú, y, en menor medida, otras naciones del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, así como la generalizada falta de oportunidades.
