La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó seis proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de “combatir la inseguridad, narcotráfico y crimen organizado que vive el país”.
Acompañada de su gabinete y de diputados oficialistas, la mandataria aseguró que este es el “primer paquete” de iniciativas presentadas ante Cuesta de Moras y no descarta remitir más textos de ley ante el Congreso.
“Este Gobierno está del lado de las víctimas, de las familias honestas y de los policías que todos los días arriesgan su vida por Costa Rica. No vamos a seguir tolerando una puerta giratoria que devuelve delincuentes a las calles”, afirmó.
- “Ley Gerson Rosales”
La primera ley impulsada desde el Ejecutivo se denomina “Gerson Rosales”, en memoria del oficial que perdió la vida tras un ataque armado ocurrido en Matina, Limón.
El texto, según el Ejecutivo, busca dar mayor protección legal para los policías, sanciones más severas contra quienes los agredan y restricciones a beneficios penitenciarios para delincuentes violentos; Así, el objetivo sería reforzar la autoridad del Estado y brindar mayor respaldo a quienes arriesgan su vida protegiendo a la ciudadanía.
2. Ley para combatir las asociaciones criminales
La nueva normativa plantea fortalecer el combate al crimen al castigar la pertenencia a organizaciones criminales y elevar las penas por delitos de crimen organizado.
Así, se homologa la legislación para considerar a las organizaciones criminales aquellas compuestas por dos o más personas, amplía el delito de asociación criminal: sanciona con cárcel entre 1 y 6 años por el solo hecho de pertenecer a la organización y entre 6 y 20 años por delitos de crimen organizado, minería ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, reclutamiento de menores de edad o terrorismo y castiga con más fuerza a líderes, reclutadores y funcionarios públicos que participen en delincuencia organizada.
3. Ley Mano Dura contra la reincidencia
La propuesta, según Fernández, castigaría al delincuente que reincida, de manera que el historial tendrá peso a la hora de ordenar prisión preventiva, a la hora de calcular una nueva condena o para definir beneficios penitenciarios.
Así, castigaría al reincidente, de forma tal que, a partir del segundo delito, el juez no pueda ponerle la pena mínima, sino una mayor, pero sin sobrepasar el máximo que prevé la ley.
En un delito como corrupción de jueces con pena de 4 a 12 años, se toma la diferencia (8 años) y se divide en cuatro cuartos de dos años cada uno: para cada vez que reincida el juez deberá sumarle a la pena menor al menos 2 años hasta llegar a 12, Impide otorgar beneficios penitenciarios a condenados por homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, femicidio, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas y otros.
Finalmente, se fijaría prisión preventiva obligatoria para quienes reincidan en delitos dolosos, incumplan medidas cautelares o tengan dos o más causas penales abiertas.
4. Ley Cero Ocio en las Cárceles
El texto “Transforma el sistema penitenciario para que deje de ser un espacio de inactividad y se convierta en un modelo de trabajo productivo que permita al privado de libertad aportar en su manutención, retribuir a las víctimas y adquirir conocimientos y experiencia que le ayuden en su reinserción a la sociedad.
De tal forma, habilita convenios y facturación por trabajo penitenciario con sector público y privado, establece porcentajes para manutención, víctimas, familia y ahorro del privado de libertad. Finalmente, reforma la administración del sistema: centraliza el control en el Ministerio de Justicia y Paz.
5. Ley para la inhabilitación de pistas de aterrizaje clandestinas, no autorizadas y el comisio de bienes vinculados a actividades ilícitas
La propuesta asegura brindar herramientas al Estado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, no solo destruyendo pistas clandestinas, sino también decomisando la maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos que hacen posible su operación, aumentando la pena a quienes construyan o habiliten pistas de aterrizaje para el narcotráfico y permitiendo que el Registro de la Propiedad inmovilice el bien para que el propietario no pueda venderlo, arrendarlo o traspasarlo.
El expediente Aumenta las penas de prisión para quienes faciliten, toleren, habiliten o construyan pistas que se usen para el narcotráfico y crimen organizado, crea la figura de inmovilización registral del terreno donde se encuentra la pista usada por el narcotráfico, fortalece la coordinación interinstitucional entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).
Finalmente, amplía el alcance de la ley actual para inhabilitar y destruir pistas y permitir el aseguramiento, decomiso y comiso de bienes vinculados a pistas clandestinas.
6. Ley para la Seguridad Nacional, registral y de archivos judiciales
El último proyecto de ley señala que el Registro Judicial conservará los antecedentes por un plazo de 15 años después de cumplida la condena y que los jueces tendrán la obligación de revisarlos a la hora de decidir si otorgan o no beneficios.
Para los delitos culposos o faltas con penas menores a tres años, los registros se eliminarán después de cumplida la condena. En el caso de los delitos con penas entre 3 y 5 años, el registro mantendrá los antecedentes por 3 años.
Finalmente, Para delitos graves y crimen organizado, los registros se mantendrán por 10 años.
Alonso Mejía.
