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George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua aceptó la llegada de enviados, respectivamente, de la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y de la Unión Europea (UE), informaron hoy fuentes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Asimismo, en su sitio en la red social Facebook, la Oacnudh confirmó que su oficina regional centroamericana recibió una carta de la administración del presidente Daniel Ortega autorizando el ingreso de un equipo de esa agencia especializada.

“Tenemos información que ya recibió la UE (Unión Europea) la carta de invitación, conforme el acuerdo establecido en el diálogo nacional”, informó, en la red social Twitter, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organización integrante de la alianza de sectores de la sociedad civil nicaragüense opuestos al gobierno de Ortega.

“Tengo información oficial de la Unión Europea de que recibieron la carta de parte del Gobierno, desconozco el contenido, esperemos que sea la invitación a que vengan al país”, indicó, por su parte, a medios locales, Juan Sebastián Chamorro, también integrante de la alianza opositora.

Entretanto, la representación centroamericana de la Oacnudh indicó, en la red social Facebook, que “informamos que nuestra oficina ha recibido la carta del gobierno otorgándonos acceso al país. Nuestro equipo está coordinando la logística para dicha visita y prontamente informaremos los detalles”.

Según María Nelly Rivas, también miembro de la alianza, se espera la confirmación de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) y de la UE en cuanto a la autorización gubernamental para que sus respectivos enviados lleguen a Nicaragua.

En el caso de la CIDH, la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha manifestado que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está en disposición de trasladarse, la primera semana de julio, a Nicaragua.

La creación del GIEI se formalizó el 30 de mayo, cuando el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, firmaron, en Washington, sede de la organización continental, el acuerdo del caso.

Según el texto, el GIEI -con mandato de seis meses prorrogable según sea necesario- debe “coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para investigar los hechos de violencia, y entre sus atribuciones, y debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.

Además, “estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la opción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, de conformidad con la normativa nicaragüense vigente”.

Estallada el 18 de abril, en torno a fallidas reformas gubernamentales al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), la violenta crisis política que convulsiona al país centroamericano ha cobrado por lo menos 200 vidas y generado miles de heridos, detenidos, desaparecidos a nivel nacional.

La oposición señala que la mayoría de las victimas obedece a la represión llevada a cabo por efectivos policiales antimotines conjuntamente con simpatizantes gubernamentales armados, mientras el gobierno atribuye la violencia a la infiltración del crimen organizado en protestas callejeras y a acciones vandálicas.

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