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Frente Amplio afirma que respalda el uso responsable del derecho a la protesta

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Allan Madriz | EP. La fracción legislativa del Frente Amplio confirmó que ellos respaldan el uso “responsable” del derecho a la protesta que tienen los habitantes de Costa Rica.

En momentos en que se cuestionan las últimas manifestaciones en las calles del país, incluyendo la más recientes por parte de los porteadores y el bloqueo de vías importantes del país, la bancada del Frente Amplio que el derecho a la protesta como cualquier otro derecho debe ejercerse con responsabilidad.

“El derecho a la protesta está ampliamente documentado en nuestra legislación y respaldado por los fallos de la Sala Constitucional, la protesta en las calles es un último recurso ante el reclamo de una reivindicación y es reconocido nacional e internacionalmente, como un elemento del ejercicio ciudadano en la democracia, pero al igual que cualquier otro derecho ciudadano, debe ejercerse con sentido de responsabilidad y en equilibrio con los derechos de los otros ciudadanos”, indicó la fracción legislativa.

El martes anterior la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente Ley para Frenar la Criminalización de la Protesta Social, que solo incluiría multas a los infractores, proyecto que cuenta con el apoyo de los frenteamplistas y deberá ser discutido en el Congreso.

“Las manifestaciones populares en las calles contra la gestión de los gobiernos son parte sustancial de la democracia y no debe penalizarse, desde el Frente Amplio hemos promovido la despenalizar la protesta, porque estamos convencidos que en una democracia moderna no debe criminalizarse a una persona que ejerza un derecho fundamental como lo es su libertad de expresión por medio de la protesta”, señaló la bancada legislativa mediante un comunicado oficial.

Precisamente este proyecto de ley fue presentado en el 2009 por el ya fallecido y entonces diputado del Frente Amplio, José Merino del Río. La iniciativa propone derogar el artículo 256 bis, agregado al Código Penal por la Ley N.° 8.250, en mayo del 2002.

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Redacción El Periodico CR
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