La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acogió los documentos que demuestran que no existen sobreprecios en los contratos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las Cooperativas de Salud, por el contrario, se acreditó una manipulación de la información que finalmente sirvió de base para el desarrollo del denominado caso Barrenador.
Mediante un comunicado de prensa el Ministerio Público indicó que “de conformidad con el artículo 198 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ordenó el secuestro de dicha prueba para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal”.
Además reconocieron que esta documentación era totalmente desconocida, pues nunca estuvo en el SICOP y no fue parte de la documentación de la licitación, lo que pone en evidencia que desde el Área de Contabilidad de Costos se realizó un ocultamiento de los números reales que demuestran que no se dio un sobreprecio en los procesos, sino un manejo inducido para señalar costos más altos de parte de las cooperativas, cuando la realidad es el alto costo que representa a la CCSS asumir dichos servicios.
Un análisis realizado por Coopesalud R.L, con base en la nueva evidencia, revela que la CCSS lograría un ahorro importante en caso de que se adjudicara la administración de 138 Ebais a Cooperativas y asociaciones, tal y como ha venido sucediendo desde que este servicio de tercerización se implementó en el país en 1987.
Ahora el Ministerio Público, con el conocimiento de nuevas evidencias deberá determinar a los responsables y el motivo por el que se dio la alteración de ese documento como lo dio a conocer la investigación periodística.
Si bien la Fiscalía verificó con la Dirección Financiera de la CCSS que los “documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costos en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en SICOP, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema”, el Ministerio Público no puede obviar la existencia de los documentos de trabajo que fueron manipulados previo a subir la oferta trucada al sistema de compras del Estado, señaló el abogado de Coopesalud, Coopesana y Coopesain, el Lic. Sergio Castillo.
Para Castillo existe una evidente intención de parte de funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de inflar los números y de hacer creer a las autoridades que existía un sobreprecio que en realidad no se da.
Esta situación se vio agravada, por cuanto, en tiempo récord, la Contraloría General de la República dio validez al informe trucado de la Caja, a insistencia del Ministerio Público por conseguir validación técnica.
El abogado Castillo recalcó que no es usual el hecho de que el Ministerio Público no se apoyara en los peritos y equipos especializados del Organismo de Investigación Judicial para estos efectos.
