George Rodríguez EP. Los presos políticos recluidos en un centro penal en Nicaragua, quienes fueron violentamente reprimidos durante tres horas la madrugada del 1 de enero, están en riesgo ya que fueron amenazados, luego del ataque, por los custodios quienes los agredieron, denunciaron familiares de los prisioneros, en declaraciones publicadas este viernes.
No obstante las amenazas, los prisioneros relataron, a familiares quienes los visitaron horas después del incidente, la agresión de la que fueron víctimas, indicaron los denunciantes, al equipo legal de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó el periódico nicaragüense El Nuevo Diario (END).
El incidente ocurrió en el Complejo Penitenciario “Jorge Navarro”, ubicado en la localidad de Tipitapa, a unos 20 kilómetros al este de Managua, la capital nicaragüense.
“Tenemos temor porque les dijeron a ellos (los privados de libertad) que si decían algo a sus familiares los iban a castigar, pero a pesar de esto nuestros presos nos dijeron que esto no podía quedar en la impunidad y tenían que darlo a conocer aunque esto significara represalias”, indicó Eliza Silva, hermana del preso político Carlos Silva, conocido como “El Basquetbolista”, por su afición al básquetbol.
Eliza Silva relató que, cuando visitó, el 1 de enero –horas después de la agresión-, a su hermano, le notó desvelado y con los ojos irritados.
“Pensé que era por la despedida de año en el penal, pero él confesó lo que sucedió a medianoche y en las primeras horas del primero de enero. Mi hermano me aseguró que nunca había tenido tanto miedo como ese día, cuando todos estaban tristes, orando, lloraban, mientras otros bailaban, se abrazaban y cantaban”, señaló, citando la narración de su hermano.
Los prisioneros cantaron una canción en homenaje a las víctimas fatales de la represión policial y parapolicial antiopositora enmarcada en la violenta crisis sociopolítica que afecta, hace más de ocho meses, a Nicaragua, y luego entonaron el Himno Nacional nicaragüense, siguió relatando.
A continuación, mantuvieron un minuto de silencio, tras lo cual, varios reclusos corearon consignas antigubernamentales, lo que generó la agresión de los custodios –armados con fusiles automáticos AK-, ataque que duró aproximadamente tres horas, agregó.
“Los guardas, bien armados con AK, bombas lacrimógenas y la técnica canina, irrumpieron en la Galería 16 y comenzaron a entrar a las celdas, mientras un oficial, con lágrimas de furia, les gritaba que ya estaba harto, pero los privados de libertad le reclamaron cuál era el problema, si ese era el Himno Nacional de Nicaragua”, señaló la hermana del prisionero.
Varios prisioneros logaron rescatar a dos compañeros, cuando varios custodios lo golpeaban, momento en el cual su hermano gritó que “vamos ganado”, agregó.
“Por eso, se metieron a su celda y lo tomaron de un pie para sacarlo, pero desde sus celdas el resto de privados de libertad no lo permitieron porque se armaron con pelotas de jabón y botellas de champú. Los guardias, al ver la intención de que sus víctimas se defenderían, los apuntaron con las AK, gritándoles que les lanzarían gas lacrimógeno en las celdas y los matarían”, dijo.
Otros familiares de prisioneros políticos recluidos en ese centro penal, quienes también acudieron a la CPDH), coincidieron en señalar que la agresión se desarrolló durante aproximadamente tres horas, esa madrugada, indicó END.
En ese sentido, Aleyda Gadea responsabilizó a la dirección del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), por la seguridad de los detenidos, mientras Lidieth Méndez exigió que se respete la vida de los prisioneros, de acuerdo con la versión periodística.
Al respecto, Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, citado por el diario, subrayó la responsabilidad constitucional del Estado respecto a la vida de toda persona detenida.
“La Constitución dice que el Estado tiene que velar por la integridad física y síquica” de los detenidos, por lo que, “cuando un funcionario te da un golpe, están irrespetando tu derecho a tu integridad, al igual cuando te gritan palabras soeces”, precisó.
Cuevas agregó que tal sería el caso de los custodios quienes participaron en la agresión del 1 de enero.
“De hecho, de comprobarse esta situación, estos funcionarios estarían violando los derechos constitucionales de los privados de libertad, que deben ser tratados de manera digna y sin discriminación, independientemente de la razón por la cual estén en custodia”, advirtió.
Según lo establecido en el artículo 48 de la Constitución –contenido en el Título IV, sobre “Derechos y Garantías”-, en las cárceles nicaragüenses se prohíbe “todo acto de crueldad o tortura” contra los reclusos.
La crisis estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, y generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, consecuencia de la represión policial y parapolicial lanzada por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Además de haber dañado en gran escala a la economía nacional, la dramática situación ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas- a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, variante, ésta, que ahora se enfoca, particularmente, en periodistas y medios de comunicación independientes así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos.
