Allan Madriz| EP. La Comisión de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontró varias “violaciones constitucionales” en el texto sustitutivo del expediente 19.571, “Ley Especial de Extinción de Dominio”.
Según informó la Universidad de Costa Rica, esta es la tercera ocasión en que este grupo de profesores y profesoras estudian el proyecto y advierten que sus observaciones de fondo no han sido resueltas por los textos sustitutivos presentados.
Tras la solicitud realizada por los legisladores, el grupo de expertos avaló un estudio realizado por la doctora Patricia Vargas González, sobre el texto original, en donde se expusieron graves violaciones constitucionales que, según el criterio del cuerpo docente, contenía dicho proyecto.
Los expertos revisaron un segundo texto sustitutivo, que fue consultado el pasado 20 de agosto, en el que se determinó que, en esencia, los defectos incluidos en el primer texto se mantenían.
“Con todo respeto, estimo que gastar miles de millones de colones en la creación de una nueva jurisdicción es innecesario, pues no existe ni un solo elemento para sostener que el instituto que contiene la Ley contra la Delincuencia Organizada (LCDO) o la jurisdicción contencioso-administrativa donde esta se tramita sean inidóneos o insuficientes para acabar con los capitales emergentes no justificados”, señaló el grupo de expertos.
Según la Comisión de la Maestría en Ciencias Penales, en ambas propuestas legislativas, el patrimonio es “injustificado” o “carece de causa lícita aparente”, porque su titular no ha podido demostrar su origen, con lo cual, pese al cambio de nomenclatura, la situación es la misma.
Según el grupo de analistas, el proyecto contempla una extinción de dominio que se formula con matices confiscatorios y sancionatorios, por lo que se quebranta la presunción de inocencia al incluir una inversión de la carga de la prueba (si el administrado no justifica el origen del patrimonio lo pierde).
La Maestría en Ciencias Penales de la UCR se comprometió a que si los legisladores lo permiten y mientras se otorgue un plazo prudencial, a redactar un texto de reforma al comiso estipulado en el Código Penal con el que perseguir los bienes mal habidos procedentes de delito, sin “castigar los patrimonios lícitos de la ciudadanía y cumpliendo con el debido proceso en materia sancionatoria”.
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