La detención del abogado y exmagistrado Celso Gamboa el pasado 23 de junio, a solicitud de la DEA de Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas, eclipsó incluso la segunda acusación que la Fiscalía General presentó ese mismo día contra el presidente Rodrigo Chaves.
El proceso de extradición será resuelto por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, bajo la dirección del juez William Serrano, quien fue recusado por la defensa de Gamboa sin éxito.
En representación del gobierno estadounidense, la Procuraduría General de la República (PGR) designó a la abogada penalista Kasandra Mora, funcionaria desde 2005, como su representante legal en el expediente judicial.
Por parte del Ministerio Público, el abogado Elías Carranza, de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), se apersonó para representar a la Fiscalía. Carranza cuenta con formación en derecho penal internacional y cooperación judicial.
La defensa de Gamboa está a cargo de Natalia Gamboa, su hermana y defensora pública, y Michael Castillo, abogado inscrito en 2019 y vinculado al bufete Celso Gamboa & Asociados.
El proceso avanza en medio de un fuerte escrutinio mediático y político, dada la relevancia del extraditable y el contexto en que se produjo su arresto.
