Allan Madriz | EP. Tras el dictamen afirmativo al texto sustitutivo para el proyecto “Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, el sector empresarial manifestó su satisfacción por el avance de la propuesta.
Sin embargo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) indicó que espera que se aclaren aspectos sobre duración de protestas en el ámbito educativo.
“En el caso del plazo otorgado para la huelga en el sector educativo, según el texto dictaminado de 21 días o los 10 días discontinuos, es un aspecto que preocupa al sector productivo, pues no queda claro el tema”, indica el comunicado de la Uccaep.
La noche del jueves, la comisión especial legislativa que analizó el proyecto, aprobó con cinco votos a favor y dos en contra, una moción que permite el movimiento de huelga en el sector educativo, pero señala que el plazo no podrá exceder los 21 días naturales continuos o los 10 días naturales discontinuos.
“Es necesario ir aclarando estos términos por la seguridad jurídica del país, de los ciudadanos, y por la confianza que requiere el sector productivo para seguir aportando trabajo y generando mejores condiciones, pues debemos entender que ahora se introducen cambios necesarios para evitar abusos en el ejercicio del derecho de huelga, que está consagrado en nuestra Constitución Política”, manifestó el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado.
El jerarca de la Uccaep destacó que el nuevo texto dictaminado señala que la huelga en servicios públicos está prohibida de acuerdo con la determinación que haga la misma ley. Para los empresarios es importante que el proyecto descalifique el movimiento de huelga política, así como los casos donde se incurran a bloqueos de vías públicas u otros actos violentos por parte de los huelguistas.
Delgado reiteró que no se oponen al derecho del ciudadano a manifestarse, sin embargo, indicó que es urgente tener un marco regulatorio cuando se convoque a una huelga, pues esta podría ser ilegal, dado que estos movimientos afectan servicios esenciales y la seguridad de la población costarricense.
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